La liberación de privados de libertad con la intención de reducir el riesgo de Covid-19 para ellos sigue en proceso de afinar detalles, tales como cuáles serán los perfiles de los beneficiarios y la forma de hacerlo.
Sin embargo, a los oficiales de policía les preocupa que la supervisión o monitoreo de esas personas y el cumplimiento de las medidas recaigan en ellos, pues ya cuentan con una sobrecarga de funciones en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus.
“Por supuesto que nos preocupa que si producto de esa directriz se va a aumentar la cantidad de personas que están bajo esa modalidad y sea un recargo adicional para nosotros, porque no nos han comunicado formalmente al respecto, lo que sí hay es una comunicación entre ministros”, explicó Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública.
Buscar la colaboración de los oficiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) sería una posibilidad en vista de que en innumerables ocasiones la Policía Penitenciaria ha mencionado que ese cuerpo policial no cuenta con el recurso suficiente para la supervisión y sus labores en los centros penitenciarios.
“La colaboración ya existe, lo que va a aumentar es por supuesto que va a haber más personas bajo esa modalidad, es una carga adicional, eso es innegable, pero en esa carga los primeros que reciben ese impacto son los policías penitenciarios, nosotros vamos a tener que seguirlos apoyando, pero nosotros esperaríamos que la primera institución que hará esa verificación sea la Policía Penitenciaria”, añadió.
El director de la Fuerza Pública explicó que si les recargan esta función serían las delegaciones de cada sector quienes deben asumir la labor de verificación, es decir el mismo recurso que ya atiende la seguridad ciudadana y todo el recargo por la emergencia nacional.
En la Fuerza Pública realizan monitoreos de casos específicos que han solicitado algunos juzgados, además hacen una coordinación constante con la Policía Penitenciaria para supervisar a las personas que cuentan con el beneficio de usar la tobillera electrónica.
“Nosotros hemos sido enfáticos en que la responsabilidad primaria de eso la tiene la Policía Penitenciaria y el Ministerio de Justicia porque son personas que están privadas de libertad por alguna razón, entonces la responsabilidad primaria es de ellos, nosotros los apoyamos”, acotó.
Incluso, ambas instituciones cuentan con un chat común en que si los oficiales de policía ubican a una persona portadora de brazalete, además de informar al Juzgado de Ejecución de la Pena le informan a Justicia y su cuerpo policial.