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La Contraloría General de la República estuvo en medio de la polémica cuando se supo que el salario de la contralora Marta Acosta estaba por encima de lo que gana el presidente Rodrigo Chaves.
Esta medida violentaría la Ley Marco de Empleo Público, donde se ordena que los salarios de los servidores estatales deben ser menores que el del mandatario.
En este momento, según palabras del propio presidente, su salario es de ¢2,6 millones y al próximo mandatario se le duplicaría, sobrepasando los ¢5 millones, mientras que la contralora devenga al menos ¢5,74 millones.
Ante este cuestionamiento DIARIO EXTRA consultó a Chaves y a la ministra de Planificación, Laura Fernández, sobre su postura o medidas que aplicarían con el salario de Acosta y dijeron que no se respetaba la ley.
“Cuando fuimos a buscar el de la Contraloría General de la República encontramos los salarios globales ya formulados, publicados y avalados con sus correspondientes resoluciones.
A mí me llamó poderosamente la atención que el cargo fijado por la contralora de la República era superior al que fijamos para el cargo de máximo mandatario.
Ante eso que observamos, que a todas luces me pareció fuera de la ley, como rectora del empleo público tomé la decisión de mandarle una respetuosísima nota a la contralora con copia a la Asamblea Legislativa”, dijo Fernández.
MANTENDRÁ SALARIO
Asimismo, la ministra explicó que Acosta mantendrá su salario hasta que finalice su gestión en 2028, posteriormente quien ocupe ese cargo tendrá que recibir el reajuste.
“La ley no les obliga a los que ya ganan eso a bajárselo, pero sí cuando doña Marta deje el cargo, los funcionarios que vayan cambiando y entrando nuevos deben remunerarse con esa nueva escala”, manifestó.
Ahí es donde viene la preocupación del Poder Ejecutivo al considerar que el salario que está fijado actualmente violenta la Ley Marco de Empleo Público.