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La gerente general de la Asamblea Legislativa, Karla Granados, indicó a los diputados de la Comisión de Hacendarios, que la Administración contempla, para el presupuesto del próximo año, un aumento para el salario de los legisladores en el 2026.
Así lo confirmó la funcionaria tras la consulta que le hizo el diputado del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña.
La razón es que para el próximo año, ya no se aplicaría las restricciones que establece la regla fiscal que, desde 2021, restringía los aumentos por costo de vida en el sector público cuando la deuda pública superaba el 60% del Producto Interno Bruto (PIB).
Granados agregó que ellos como Administración deben prever dicho aumento en el plan de gastos, aunque no detalló el monto exacto. Este medio envió la consulta de ese dato, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
Enfatizó que en todo caso la última decisión sobre la aprobación o no recae en el Directorio Legislativo, que dirige al verdiblanco Rodrigo Arias.
Los diputados no perciben un salario fijo, su remuneración incluye una asignación mensual cercana a los ¢800 mil por gastos de representación y el resto se acumula por el pago de dietas, que corresponde a su asistencia a sesiones de comisiones y plenario.
Ese monto total no puede superar los ¢4 millones mensuales, aunque por impuestos se les rebaja cerca de un millón de colones.
A esto hay que agregar que reciben cada mes lo correspondiente a 500 litros de gasolina súper y también se les da un plan de celular que se renueva cada dos años.
El frenteamplista Acuña dejó claro que la comisión que ya tiene listo un proyecto de ley para evitar que se aplique este aumento, que en la situación fiscal que tiene Costa Rica no solo no tiene sentido, si no es hasta vergonzoso.
Esta reforma buscaría que el salario de los diputados siga congelado y no sufran ningún aumento.
Enfatizó que no es el momento para ese aumento y además buscará que se pueda dispensar de trámite el proyecto para que avance lo antes posible.
