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A partir de la sentencia 2014-4037, de la Sala Constitucional, la información sobre cuánto ganan los funcionarios públicos dejó de ser un tema de su ámbito personal, para convertirse en información pública.
En la resolución, los magistrados consideraron que al ser empleados pagados con dinero estatal, los ciudadanos tienen derecho a conocer cuánto es lo que se les paga de salario.
Esto nace de un recurso de amparo presentado por Alejandro Fernández en contra de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), luego que este solicitara una información relacionada con los salarios de algunos funcionarios durante el 2013. En ese momento la CCSS esquivó entregarle la información, indicando primero que por el volumen de esta, se requería crear una rutina informática particular. Situación que la Sala consideró no era razón para negar los datos solicitados. Es por ello que declaró el recurso con lugar y le ordenó a la accionada que en un plazo de un mes, a partir de esta notificación, se le indique a Fernández en cuánto tiempo se le entregará lo solicitado y cuánto será el costo que debe asumir el interesado, ya que para ello se requiere un trabajo especial.
Además, la Sala declaró que “cuando una información es pública, el ciudadano no está obligado a justificar las razones por las que requiere acceder a tal dato. Por el contrario, el Estado tiene el deber de informar al administrado acerca de sus actuaciones y progresivamente hacer accesible la información que se encuentre en su poder mediante los medios tecnológicos de que disponga”.