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Los magistrados de la Sala Tercera tendrán en sus manos acelerar el proceso judicial contra el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, por la investigación que enfrenta por el supuesto delito de concusión con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (Caso BCIE).
Esto ocurrirá siempre y cuando los diputados logren levantar la inmunidad del mandatario el próximo lunes 22 de setiembre.
Expertos en materia penal y constitucional explican que, al tratarse de un juicio contra un miembro de los Supremos Poderes, corresponde a esta Sala llevar el proceso, lo que podría permitir un trámite más expedito.
“No duraría tanto porque la agenda de la Sala Tercera está menos saturada que la de los tribunales comunes. Incluso es probable que sea juzgado antes de finalizar el mandato si no hay choques de agenda del defensor”, señaló el abogado Ewald Acuña.
Si no concluye antes del 8 de mayo de 2025, el caso pasaría a la vía ordinaria, donde sí podría entrabarse.
El constitucionalista, Esteban Valverde, coincide con esta lectura y agrega que el expediente ya se encuentra avanzado. “Solo quedaría una que otra subsanación o cuestión menor”, apuntó.
“La Sala Tercera tiene que abrir espacio en su agenda para realizar el juicio, entonces eso depende mucho de los plazos y de cómo decidan trabajarlo”, añadió.
Sobre el impacto en sus funciones como presidente en ejercicio, Valverde advierte que existen criterios contradictorios respecto a la posibilidad de suspenderlo del cargo durante el proceso.
“Se aprobó una resolución distinta e interesante porque, cuando revisamos el reglamento legislativo, este establece que el levantamiento de la inmunidad implica la suspensión del cargo. Sin embargo, en la resolución aprobada por la Asamblea Legislativa, a raíz de lo presentado por Rodrigo Arias, se estipuló que quitar el fuero de inmunidad no significaba suspender al Presidente”, subrayó.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Chaves habría inducido al empresario Christian Bulgarelli a beneficiar económicamente al exasesor de campaña Federico Cruz, conocido como “Choreco”, mediante una contratación financiada con recursos del BCIE.
La causa penal quedó registrada bajo el número 25-000019-0033-PE y se le atribuye al mandatario el presunto delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal.