Sala IV prohíbe paralización del Tribunal ante vacío en magistraturas suplentes

Andrés Vargas Calvo / José Cardoza 

Los magistrados de la Sala Constitucional ordenaron al Congreso avanzar con el nombramiento de las magistraturas suplentes del alto Tribunal, al disponer que la nómina de candidaturas sea conocida por el plenario lo antes posible.

La sentencia responde a un recurso presentado por una persona que alegó una afectación a su derecho de acceso a la justicia, debido a que figura como amparado en expedientes en los que no ha sido posible integrar el alto Tribunal.

Además, dejó sin efecto los acuerdos tomados por la Asamblea Legislativa para devolver la nómina de candidaturas enviada por la Corte Suprema de Justicia y solicitar una nueva lista.

“Se ordena a Yara Jiménez Fallas, en su condición de presidenta de la Asamblea Legislativa, o a quien ejerza ese cargo, que coordine lo pertinente y disponga lo correspondiente para que la nómina sea conocida por el Plenario Legislativo”, dice parte de la resolución.

Prórroga de magistraturas

La Sala IV también dispuso una medida transitoria para garantizar el funcionamiento de la institución mientras la Asamblea Legislativa concluye el proceso.

En ese sentido, estableció una prórroga temporal de los magistrados con nombramientos vencidos únicamente en los casos más urgentes e indispensables, cuando las magistraturas propietarias se encuentren legalmente imposibilitadas.

“Como medida transitoria de integración con miras a evitar la paralización del órgano, se prorrogan provisionalmente los mandatos de las magistraturas suplentes que vencieron mientras la Asamblea Legislativa realiza la elección correspondiente”, dice el texto.

Es importante señalar que los nombramientos de los nueve magistrados suplentes vencieron el 16 de diciembre de 2025, pese a que la Corte Suprema de Justicia presentó la lista de aspirantes el 15 de octubre de ese mismo año.

Desde entonces, los diputados han realizado varias votaciones, todas fallidas debido a la negativa de Pueblo Soberano a aceptar la lista.

El fallo fue aprobado por mayoría

La sentencia número 2026-13498 fue aprobada por mayoría de los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Jorge Araya García e Ingrid Hess Herrera.

Por su parte, Fernando Castillo Víquez, Luis Fernando Salazar Alvarado y Anamari Garro Vargas salvaron el voto y declararon sin lugar el recurso en todos sus extremos. El magistrado Salazar Alvarado consignó una nota adicional.

“Por mayoría se declara con lugar el recurso y se deja sin efecto todo acuerdo tomado por la Asamblea Legislativa para devolver la nómina de candidatos a magistrados y magistradas suplentes remitida por la Corte Suprema de Justicia”, dice el texto.

Protección del acceso a la justicia, según abogados

Para el abogado constitucionalista Luis Felipe Rodríguez, la sentencia se encuentra jurídicamente fundamentada debido a que la Sala Constitucional tiene el deber de garantizar tanto la institucionalidad democrática como la protección de los derechos fundamentales de las personas.

“Lo cierto del caso es que toda la ciudadanía tiene derecho a una justicia de calidad, una justicia pronta y cumplida y con más razón la justicia constitucional que está llamada a proteger esos dos derechos”, afirmó.

Rodríguez señaló que el fallo no sustituye las competencias de la Asamblea Legislativa para realizar los nombramientos, sino que establece medidas excepcionales para evitar la paralización del Tribunal mientras el Congreso adopta una decisión definitiva.

“Lo que la Sala dispuso no es, de ninguna manera, sustituir la competencia de la Asamblea, sino simplemente decir que no se puede paralizar la justicia constitucional, porque eso violentaría los derechos de todas las personas”, agregó.

Asimismo, el también constitucionalista Marvin Carvajal calificó la resolución como una decisión poco común, pero acorde con las circunstancias que enfrenta el país ante la falta de nombramientos.

“La decisión que toma la Sala Constitucional probablemente no es típica, es atípica, es poco común, es poco frecuente, porque normalmente los Estados no llegan a una situación límite como esta gracias a la inactividad y la omisión por parte de la Asamblea Legislativa”, manifestó.

El jurista añadió que la Sala tiene la facultad de aplicar directamente las normas constitucionales cuando sea necesario para preservar el orden constitucional y garantizar la protección de los derechos fundamentales.

“Desde ese punto de vista, la sentencia de la Sala quizás no es común ni típica, pero tampoco me resulta sorprendente en la situación a la que había sido llevado el país debido a la inacción por parte de la Asamblea Legislativa”, concluyó.