Sala IV pide explicaciones por el no giro de ¢492 millones al TEC
Rectora del Tecnológico presentó el recurso de amparo
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La Sala Constitucional solicitó explicaciones al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación Pública (MEP) y a la Tesorería Nacional por la suspensión de transferencias presupuestarias al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), correspondientes al último trimestre de 2026 y que ascienden a casi ¢493 millones para poder cerrar el año.
La gestión corresponde a un recurso de amparo presentado por la rectora del TEC, María Estrada, el director del Centro Académico de Limón, Luis Diego Noguera, y representantes estudiantiles, en favor de estudiantes y funcionarios de esa sede.
Según el documento, los recursos estaban incluidos en la Ley de Presupuesto Ordinario de 2026 y correspondían a tres desembolsos de octubre, noviembre y diciembre, cada uno por aproximadamente ¢164,3 millones.
TEC advierte afectación en sede de Limón
La institución sostiene que el Poder Ejecutivo dejó de girar esos recursos luego de incorporar una rebaja presupuestaria en el proyecto de segundo presupuesto extraordinario, expediente 25.803, que todavía se encontraba en trámite legislativo cuando se presentó el recurso.
En una comunicación citada por el TEC, el MEP informó que no realizaría los depósitos de octubre, noviembre y diciembre debido a esa rebaja. También indicó que gestionaría la posibilidad de recuperar los fondos, pero que no podía garantizarlo.
El recurso señala que el 92% de esos recursos se destinaba al Centro Académico de Limón y el 8% al Campus Tecnológico Local San Carlos.
“La Vicerrectoría de Administración advierte que la falta de estos recursos pone en riesgo la atención de obligaciones ya contraídas en las partidas de Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros y Transferencias Corrientes, entre ellas las remuneraciones del personal administrativo y académico, los gastos operativos de mantenimiento y servicios generales, y las becas de la población estudiantil”, se lee en el documento.
La afectación alcanzaría a 417 estudiantes matriculados en las carreras de Ingeniería en Computación, Ingeniería en Producción Industrial y Administración de Empresas, así como a 68 funcionarios.
Autoridades tienen tres días para responder
La Sala IV dio a las autoridades recurridas un plazo de tres días hábiles, a partir de la notificación, para presentar un informe sobre los hechos denunciados y aportar la documentación.
La resolución advierte que los informes se consideran rendidos bajo juramento y que, si las autoridades no responden, podrían tenerse por ciertos los hechos alegados y declararse con lugar el recurso.