Sala IV ordena al Gobierno entregar consulta enviada a la Corte IDH sobre tope a pensiones
André Tinoco y Laura Fernández figuran en el caso
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo y ordenó al Poder Ejecutivo entregar el documento mediante el cual se consultó el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el proyecto de ley N.° 24786, el cual busca imponer un tope a las pensiones del Poder Judicial y del Magisterio Nacional.
La resolución se adoptó bajo la sentencia número 2026-019746 (correspondiente al expediente 26-010517-0007-CO) con fecha del 29 de mayo de 2026.
La orden judicial se dirige directamente a Arnoldo André Tinoco, exministro de Relaciones Exteriores y Culto, y a Laura Fernández Delgado, quien estaba en el rol de ministra de la Presidencia de la República (o a quienes ocupen sus cargos). Ambos jerarcas disponen de un plazo improrrogable de cinco días, contados a partir de la notificación del fallo, para entregar a la parte amparada la información requerida en el oficio CP-002-2026.
Antecedentes del caso
La parte recurrente acudió al tribunal de amparo luego de que el 16 de enero de 2026 solicitara por correo electrónico la información pública sobre los documentos de la consulta a la Corte IDH. Dicha solicitud formal fue dirigida tanto al presidente de la República como al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, sin que se le hiciera entrega del documento solicitado.
Advertencia de prisión y condena al Estado
Los magistrados advirtieron formalmente a las autoridades recurridas que el incumplimiento de una orden dictada dentro de un recurso de amparo conlleva sanciones penales. De acuerdo con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien no cumpla o haga cumplir lo ordenado.
Asimismo, el tribunal condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los cuales deberán ser liquidados en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
En la votación de este caso, los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas consignaron razones diferentes.