
La Sala Constitucional ordenó a la Municipalidad de Alajuelita atender una problemática ambiental relacionada con asentamientos informales ubicados en zonas vulnerables del cantón.
Según la resolución, aunque existieron coordinaciones previas con distintas instituciones, no se aplicaron medidas concretas suficientes para disminuir el impacto ambiental ni prevenir mayores afectaciones en las comunidades.
El fallo establece que la municipalidad deberá:
De acuerdo con lo señalado en la resolución, los asentamientos informales comenzaron a desarrollarse desde 2017 en el distrito de Concepción.
Posteriormente, las ocupaciones se extendieron hacia sectores de San Josecito y San Antonio, generando preocupación por el impacto ambiental y las condiciones de vulnerabilidad en esas zonas.
La Sala IV enfatizó la necesidad de que las autoridades locales implementen acciones concretas para prevenir mayores riesgos y atender las afectaciones existentes en el cantón.