La Sala Constitucional le ordenó al Ministerio de Justicia y Paz que en el plazo de dos meses debe crear e implementar un protocolo para el interior de los módulos en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera, conocido como El Buen Pastor, así como garantizar la seguridad de las reclusas.
Esto luego de que en la resolución N.º 2023001726, que efectuaron los magistrados en sesión del miércoles 25 de enero del presente año, resolvieron un recurso de hábeas corpus interpuesto por una privada de libertad.
“Se declara parcialmente con lugar el recurso solo respecto a la agresión sufrida por la tutelada el 10 de enero de 2023. Se les ordena a Gerald Campos Valverde y Kattia Góngora Meza, por su orden, ministro de Justicia y Paz y directora general del CAI Vilma Curling Rivera, o a quienes ocupen esos cargos, que coordinen lo necesario y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus respectivas competencias, a fin de que: i) de forma INMEDIATA se garantice la seguridad de la tutelada independientemente de su ubicación dentro del sistema penitenciario nacional”, explica el por tanto.
CASO
El recurso fue interpuesto porque la ofendida sufrió una agresión por parte de otras reclusas.
La mujer fue atacada dentro de la celda después de que una policía penitenciaria cometiera una irregularidad al abrir un portón, por lo cual las otras reas le arrebataron las llaves y fueron a donde estaba el objetivo.
“Tal negligencia facilitó que, una vez abierto el portón, las agresoras le quitaran las llaves a la custodia, entraran a la celda de la tutelada, y la atacaran con armas punzocortantes, palos y grilletes. La víctima fue herida en el labio, el pómulo y el abdomen; además, sufrió una fractura de nariz y le desmontaron la quijada”, se detalla en el comunicado.
Por esta situación a la oficial se le iniciará un procedimiento disciplinario porque esta acción es prohibida y solamente se debe realizar si hay dos efectivos.
También se deberán crear protocolos internos que van a depender del nivel de seguridad en que se encuentran las presas en sus distintos módulos.
ACOGERÁN LA RESOLUCIÓN
DIARIO EXTRA consultó sobre la situación directamente al Ministerio de Justicia y Paz.
“Con respecto a la resolución N°2023001726 de la Sala Constitucional, el Ministerio de Justicia y Paz es respetuoso de lo que dicte el ordenamiento jurídico y acatará lo que se dispone en dicha resolución. Paralelo a ello, el ministro instruyó al director general de Adaptación Social y a la directora de la Policía Penitenciaria a realizar las acciones administrativas correspondientes, ante un caso como este”, manifestaron
Aparte de que el Estado deberá pagar los daños y perjuicios, los jerarcas ministeriales tienen que acatar las demás disposiciones, pues de no hacerlo se podrían enfrentar a penas. “Se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de hábeas corpus y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado”, se menciona en el documento emitido por la Sala Constitucional.
Ahora les tocará a los altos mandos del Ministerio de Justicia idear estos protocolos o modificar los que tienen para garantizar la seguridad dentro del centro penal Vilma Curling.