La Sala Constitucional condenó al Estado por crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Así se desprende de la Resolución No.2023008652, emitida por el alto tribunal tras analizar un recurso que presentó el abogado Arcelio Hernández Mussio.
En concreto, el jurista señaló que la creación de la unidad desde el Poder Ejecutivo violentó sus datos personales y confidenciales.
Adicionalmente considera que el decreto ejecutivo suscrito por el expresidente Carlos Alvarado violentó el principio de reserva de ley y vulneró sus derechos fundamentales.
“Este amparo tiene bastantes años y lo tenían en suspenso. El decreto de la UPAD no estaba vigente, pero ya había recogido datos e información.
Yo empecé a ver que mis publicaciones venían comentarios en contra, me reportaban constantemente.
Me censuraron, me querían bajar mis páginas y mi perfil, me suspendían mis cuentas. Yo sentí que me estaban investigando”, declaró a DIARIO EXTRA.
“Me estaban violentando mis derechos de privacidad, intimidad, expresión, libertades. Me estaban censurando, por eso presenté el recurso. Esa oficina recabó información sensible.
Yo me sentí afectado. Me estaban interviniendo. Nunca me había pasado que me atacaran tanto. Me sentí acosado por el gobierno. No era normal eso. Me sentí triste, atacado (…)”, añadió.
Tras el análisis, la Sala “acreditó la lesión a los derechos que acusa la parte recurrente” y además “se constituye como una amenaza para el derecho a la intimidad del tutelado”, pues el decreto ejecutivo suscrito “no solo creó una unidad dedicada a recolectar datos confidenciales de los ciudadanos, sino que permitía injerencias en la vida de las personas, sin respetar las garantías mínimas”.
“Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Rueda Leal salva el voto y declara sin lugar el recurso”, se lee en la sentencia.
CASO UPAD
Cabe recordar que la Fiscalía acusó a Alvarado por el delito de prevaricato al firmar el Decreto ejecutivo 41996-MP-MIDEPLAN, que crea la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Dicha unidad de manera ilegal habría tomado datos sensibles de los costarricenses a través de la plataforma del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (Sinirube).
Actualmente la Fiscalía General de la República indaga a Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos, Diego Fernández, Felly Salas y Santiago Álvarez, exasesores presidenciales, quienes presuntamente “formaron parte de unidades ubicadas en Casa Presidencial dedicadas a la compilación y análisis de datos personales sin que mediara regulación alguna que avalara su funcionamiento”.
En agosto de 2022 la Sala IV declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que creó la unidad espía al señalar que se “infringió el derecho a la autodeterminación informativa y el principio de reserva legal en materia de regulación de derechos fundamentales, y que excedió la potestad reglamentaria en lo que se refiere al otorgamiento de potestades de imperio a dicho órgano”.
El prevaricato atribuido a Carlos Alvarado Quesada y a Víctor Morales Mora, exministro de la Presidencia, se tramita bajo el expediente 22-000006-0033 PE. También se les investiga por abuso de autoridad.
Respecto a Morales, se indica que habría solicitado información “sobre aspectos personales -restringidos y sensibles- de las personas ciudadanas de nuestro país” a las instituciones del Estado.
Del mismo modo, la investigación en contra de Luis Daniel Soto Castro, exviceministro de Planificación Económica, se conoce bajo la causa No.22-000007-0033-PE. En la actualidad ambas están en trámite.