La Sala Constitucional acogió un recurso de amparo contra el proceso de consulta pública del decreto ejecutivo que bajaría el precio del arroz.
Así consta en el análisis que el máximo tribunal hizo del expediente 22-016205-0007-CO tras un recurso interpuesto por Andrés Vásquez Ulate, agrónomo y productor de arroz.
En el recurso expone que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) publicó en el Diario Oficial La Gaceta una convocatoria donde se pidió someter a consulta pública el anteproyecto del decreto ejecutivo.
Se trata específicamente de la “Modificación de los Derechos Arancelarios a la Importación del Arroz en Granza”, cuya acción se encuentra en proceso de análisis.
La finalidad de la iniciativa es rebajar los aranceles actuales de un 35% a un 3,5% para el arroz en granza y de un 35% a un 4% para el arroz pilado de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI).
Cita el Vásquez Ulate que cuando se trató de acceder a la dirección electrónica y al enlace que se indicó en la publicación del Ministerio de Comercio Exterior se tuvo acceso al texto de la consulta y un formulario para hacer las recomendaciones.
AUSENCIA DE ENLACES
Sin embargo, alegó que ni siquiera se indicaron los enlaces para acceder a la documentación y estudios que sirvan de fundamento a la propuesta en proceso de consulta pública.
“No tenemos el sustento técnico y los estudios económicos que hizo el MAG o el gobierno para plantear, en los artículos 1 y 2, de la propuesta sometida a consulta pública, la rebaja de los aranceles actuales de un 35% a un 3,5% para el arroz en granza y de un 35% a un 4,0% para el arroz pilado de Derechos Arancelarios a la Importación.
Incluso sostenemos la tesis que las reducciones planteadas son antojadizas, ocurrentes y carentes de sustento técnico y económico, sin embargo, se nos deja en estado de indefensión y se nos impide el acceso a dichos documentos y estudios”, señaló.
Indicó que en la propuesta en consulta pública se usó como fundamento la opinión 02-2017 del 18 de abril de 2017, emitida por la Comisión para la Promoción para la Promoción de la Competencia (Coprocom), y un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero existe una falta de información que no es de fácil acceso a los usuarios.
VIOLACIÓN DE GARANTÍAS
El recurrente detalló que los arroceros quedaron sorprendidos con medidas que el gobierno anunció y a su juicio parte de premisas incorrectas y equivocadas.
No obstante, enfatizó que pese al embate que sufren son respetuosos del orden público y sobre todo de los diferentes procesos que se brindan con la oportunidad de exponer las objeciones y argumentos.
Citó que uno de los procesos en que estimaron importante es el de consulta pública previa a la que se someten los proyectos o anteproyectos de decretos ejecutivos.
Lo anterior en el entendido que la consulta pública es como un proceso regulatorio en el cual se busque la opinión de un grupo de personas sobre asuntos que les afecten.
“Pese a lo que pregona el gobierno, estimamos que en el proceso de consulta pública del anteproyecto de decreto a cargo del Comex se ha desnaturalizado el sentido mismo y el concepto de lo que es una consulta pública porque solo se pone a disposición información elemental y no la información y estudios que sirvieron de base a la propuesta que se somete a consulta pública.
Mas en este caso, en el que lo que se pretende es disminuir sustancialmente los aranceles de importación de arroz en granza y del arroz pilado, lo que significa quitar las protecciones arancelarias del arroz importado y con ello poniendo en desventaja competitiva a los agricultores de arroz de Costa Rica”, expuso Vásquez Ulate.
Además dijo que echa de menos el estudio que determinó que el arancel propuesto permitiría contar con los recursos por un monto cercano a ¢2.800 millones para brindar a los productores una compensación monetaria equivalente al 40% del costo del paquete tecnológico.
LO QUE DICE LA SALA
La Sala IV solicitó un informe al Comex, que deberá presentar dentro de los próximos tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.
El alto tribunal deberá estudiar si existe una lesión a los derechos constitucionales de los arroceros.
La institución de la Corte Suprema de Justicia advirtió que el Ministerio de Comercio Exterior deberá presentar copia certificada debidamente identificada, foliada y en estricto orden cronológico de la documentación.
Para la tramitación del recurso se designó al magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, quien procederá al análisis y estudio en conjunto con sus compañeros de la Sala Constitucional.
El gobierno de Rodrigo Chaves Robles ha sido ampliamente cuestionado por los arroceros, quienes alegan estar en desventaja para competir.