La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, ordenó al Ministerio de Justicia y Paz crear e implementar, en el plazo de dos meses, un protocolo interno para los módulos del centro de atención institucional (CAI) Vilma Curling Rivera que requieren un nivel seguridad especial por las características de la población que albergan.
Lo anterior tiene como objetivo prevenir agresiones y vulneraciones a los derechos de las mujeres privadas de libertad.
Así se desprende de la parte dispositiva de la resolución N°2023001726 dictada por unanimidad en la sesión del miércoles 25 de enero de 2023.
En esa sentencia, las y los magistrados resolvieron un recurso de habeas corpus interpuesto a favor de una mujer privada de libertad, quien había sido agredida por otras reclusas.
El Tribunal declaró con lugar el recurso y ordenó a Gerald Campos Valverde y Kattia Góngora Meza, por su orden, ministro de Justicia y Paz y directora general del CAI Vilma Curling Rivera, que se garantice la seguridad de la persona agredida y se inicie un procedimiento administrativo disciplinario contra la agente de policía que incumplió los lineamientos.