Rusia emite orden de captura contra juez costarricense

El ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, emitió una orden de búsqueda y captura contra el costarricense Sergio Gerardo Ugalde Godínez, quien se desempeña como juez de la Corte Penal Internacional (CPI). Si bien es cierto las razones por las que se emitió la orden de búsqueda y captura se desconocen, estas podrían obedecer […]

El ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, emitió una orden de búsqueda y captura contra el costarricense Sergio Gerardo Ugalde Godínez, quien se desempeña como juez de la Corte Penal Internacional (CPI).

Si bien es cierto las razones por las que se emitió la orden de búsqueda y captura se desconocen, estas podrían obedecer a que en marzo la CPI emitió una orden de captura contra el presidente Vladimir Putin porque al parecer deportó ilegalmente a miles de niños ucranianos de áreas que están bajo control ruso.

Además de la orden de captura contra Ugalde Godínez, el ministro del Interior ruso emitió la orden de captura contra el presidente de la CPI, Piotr Hofmanski, la vicepresidenta Luz Ibáñez, el fiscal jefe Karim Ahmad y otros tres jueces de esa instancia judicial.

El costarricense ha sido juez de la Corte Internacional Penal desde 2021, cuando asumió por un plazo de nueve años.

 

ESTO ES UN MOVIMIENTO POLÍTICO

 

Los expertos en relaciones internacionales consideran que esto es un movimiento político del gobierno ruso, el cual sería tomado como una represalia por la condena contra el presidente ruso. Sin embargo, no representa una amenaza real para la libertad personal.

Luciano Donadi, decano de Relaciones Internacionales de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), comentó que estas órdenes de captura se relacionan más con lo político y no significan un riesgo evidente para las personas.

“Estas acusaciones son más políticas, debido a que en este caso el que tiene más problemas es el propio Putin. Los funcionarios que investigan por esos crímenes de lesa humanidad son los que muchas veces en algunos países no pueden asistir a conferencias porque justamente son investigados y pueden ser imputados penalmente por la CPI.

Entonces tiene que ver más con un movimiento político que de otro tipo de cuestión. En este caso tampoco se ha dado a conocer por qué de manera específica el Estado ruso está admitiendo esta orden de captura, cuando tampoco es precisa la información”, declaró.

 

VA EN CONTRA DEL DERECHO ROMANO

 

Otro de los que afirman que dicho pronunciamiento va en contra del derecho romano y es un movimiento político es el analista en relaciones internacionales Carlos Murillo.

“Sin duda esta medida es totalmente contraria al derecho internacional, sobre todo a todas las regulaciones que existen en el Estatuto de Roma porque no recuerdo ningún caso en donde un estado en que uno de sus miembros de autoridades siendo sometido a un juicio en la Corte Penal Internacional decida ordenar la detención de los jueces, porque en realidad los jueces no han cometido ningún delito y existe el Estatuto de Roma, que sirve de base para la Corte Penal Internacional.

Está muy claro, esto es un movimiento estrictamente político y contrario al derecho internacional, el cual lo que busca es desanimar a la Corte Penal Internacional para continuar con las investigaciones por crímenes de guerra en contra del presidente Putin y de otras autoridades de Rusia”, subrayó.

Murillo además dijo que es de sorprenderse la actuación del Gobierno ruso.“Sorprende que el gobierno ruso esté haciendo este tipo de declaraciones porque se trata de un hecho comprobado lo que juzga la Corte Penal Internacional, como es la deportación ilegal de niños ucranianos, entonces sí sorprende que recurran a algo contrario a la legislación internacional.

 

ASAMBLEA APOYA A LA CPI

 

Ante esta situación la Asamblea Legislativa de Costa Rica presentó una moción para mostrar su apoyo a la Corte Penal Internacional, así como para condenar los actos de persecución contra sus miembros. 

Los diputados además instaron al Gobierno de la República y a la Cancillería a tomar medidas jurídicas y diplomáticas con el fin de proteger al juez costarricense.