El Ministerio de Salud, EBI de Costa Rica, Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), vecinos, diputados y municipalidades de todo el país son los actores de una disputa que parece no tener fin, cuyos protagonistas son los desechos sólidos, y el escenario se encuentra en El Huazo, Desamparados.
El guion es simple, pero como es tan simple resulta repetitivo: Una empresa dispone de los residuos de varios ayuntamientos en una localidad y grupos comunales están molestos por las supuestas afectaciones que sufren. Acuden a autoridades de Salud y la Setena, consideran que estos entes no les resuelven, la problemática escala, llega a los tribunales y a diputados.
Uno de los actores de esta trama es EBI de Costa Rica. Esta empresa fue fundada en 1998, luego de que el gobierno de entonces invitara a compañías extranjeras a resolver el problema de los residuos. Uno de los empresarios que presentaron propuestas formaba parte del grupo canadiense EBI Recycling and Management Of Residual Material.
Esta empresa reconoce que en el último periodo ha estado en la palestra por las acciones que realiza para la gestión de residuos sólidos.
Su nombre ha llegado incluso a comisiones legislativas que han desarrollado una serie de investigaciones, no solo sobre la forma en que se gestionan los residuos, sino también sobre los impactos de EBI en las comunidades aledañas al sitio donde opera.
Para Ariel Robles diputado de Frente Amplio: “el Estado debe tener un rol de mayor participación en el tema del manejo de los residuos”.
PRINCIPALES QUEJAS
Entre las principales quejas que se le han planteado a EBI está que siempre gana las licitaciones para recibir los residuos de varios cantones.
Al respecto se defiende diciendo que todos los procesos de administración se han realizado por licitaciones públicas en las que diferentes compañías pueden participar.
Para el diputado de Frente Amplio Ariel Robles Barrantes: “EBI evidentemente juega una práctica monopólica, habría que ver que tan constitucional es esto, porque en Costa Rica estas prácticas no deberían darse”.
Según los personeros de esta compañía, el hecho de que los requisitos de calidad y de seguridad tengan estándares tan altos hace que en algunos casos solo participe EBI “porque cumple con los mejores criterios de seguridad y calidad”.
Kattia Cambronero, legisladora del Partido Liberal Progresista, es una de las diputadas más beligerantes en la crítica a este relleno sanitario. Según ella, EBI se ha beneficiado de lo que ella llama “modelo de crisis”.
Este consiste en que “el país vive de llenar un relleno sanitario, entrar en crisis, buscar un lugar de emergencia para llenar otro relleno y vivir en crisis siempre, sin tener una política planificada sobre el tema”.
Cambronero asegura que, aunque este modelo no es responsabilidad de la empresa, esta sí se ha beneficiado con esta situación.
SOBREPASAR CAPACIDAD
Otra de las quejas recurrentes es la cantidad de municipalidades de las que recibe los residuos sólidos. Para esta empresa, en ninguna parte se exige un máximo de gobiernos locales a los cuales se les puede dar el servicio.
EBI comenta que en El Huazo llega basura de 37 ayuntamientos de todo el país, incluso de Corredores.
“Si estamos recibiendo basura de esos lugares es porque esas municipalidades necesitan dónde depositarla, así que no somos el problema de la basura, sino una solución al mismo”, afirmó Óscar Guzmán, de la Dirección Técnica Ambiental de EBI.
En palabras de Cambronero, esto demuestra la ausencia de una política pública en el manejo de residuos.
Además sostiene que el país no ha buscado maneras de reducir la cantidad de desechos que llegan a depositarse en los rellenos y cuestiona que esto beneficia a las empresas porque terminan recibiendo más residuos, lo que les representa más dinero.
VIDA ÚTIL DE LOS RELLENOS
También se cuestiona la cantidad de toneladas de basura que los rellenos tienen la capacidad de recibir diariamente.
Julien Charbonneau, director general de EBI, reconoce que en el relleno sanitario de El Huazo el primer año “recibían alrededor de 300 toneladas diarias de residuos, pero en la actualidad se reciben 2.000 toneladas en promedio”.
Cambronero considera que no es de recibo lo que plantea la empresa.
“Si la capacidad de basura que se planteó es para 600 toneladas, toda la infraestructura fue diseñada para esa capacidad; si sobrepasas las toneladas que dice el estudio de impacto ambiental queda la incógnita de si estaban preparados para esa cantidad de residuos”, añadió.
Para la liberal progresista el incremento en la cantidad de toneladas genera otros problemas que EBI no ve.
“Uno comienza a pensar en la capacidad de absorción de los lixiviados. Además hay otro problema: la cantidad de camiones de más que están pasando por la comunidad, una comunidad con calles angostas y esto definitivamente desmejora la calidad de vida de los habitantes”, indicó.
Para Cambronero no es lo mismo que entren 100 a 500 camiones diarios al relleno sanitario, mientras que para la empresa lo importante no es el volumen que llegue al vertedero, sino la capacidad de absorción de las celdas.
Sobre este tema Janeth Bastardo, encargada de Recolección y Transporte, indicó que “cada camión que ingresa se pesa en la entrada y la salida del relleno, con esta información se envían en las noches diariamente a las municipalidades los datos correspondientes a los residuos recibidos durante el día. Inclusive las municipalidades pueden decidir enviar inspectores que observen el trabajo y corroboren los datos”.
Guzmán, por su parte, dijo a El Periódico del Pueblo que la vida útil del relleno viene concebida desde su estudio de impacto ambiental y que esta no tiene una relación directa con la cantidad de residuos sólidos que recibe.
“También hay que analizar la compactación, así como la descomposición de los residuos orgánicos, esto reduce el volumen neto de lo depositado”, explicó.
Un caso así se presenta en el relleno sanitario de Uruca, donde los residuos han bajado por la descomposición de los residuos. A pesar de ello, grupos comunales de Ciudad Cariari afirman que el volumen debe medirse en torno a lo depositado.
De acuerdo con Guzmán, el Ministerio de Salud supervisa constantemente el volumen de lo que se encuentra depositado, incluso tiene tecnología de drones para ello.
MODELO DE CRISIS ES INSOSTENIBLE
Cambronero afirma que Costa Rica no cuenta con un modelo que genere una solución a largo plazo y parece estar tratando de apagar incendios cada cierto tiempo.
Según la diputada, primero estuvo Río Azul, cuando el relleno llegó al final de su vida útil la solución fue pasarse a Uruca, después de una crisis ahora se busca una solución de emergencia otra vez para el relleno de Uruca.
“Este modelo de crisis tras crisis no se sostiene más. Necesitamos una política pública que desarrolle mejores formas de tratamiento de este tema”, asegura la liberal progresista.
De acuerdo con Charbonneau, Costa Rica debe avanzar hacia la regionalización del tratamiento de los residuos para tener más rellenos sanitarios donde las municipalidades puedan depositar sus residuos.
Sin embargo, Cambronero exige algo diferente.
“Costa Rica no ha tomado una decisión país sobre cuál es el modelo de negocio que se debe tener. Sabemos que nadie quiere la basura cerca, por eso la política debe ser nacional para definir los lugares donde depositar los residuos y los procesos de recolección y revalorización que reduzcan la cantidad de residuos que llegan a la disposición final”, manifestó.
Ariel Robles concuerda con Cambronero en el sentido de que “hay que encontrar otras prácticas para el manejo de los residuos sólidos en el país”
Por su parte, Charbonneau cuestiona que todavía no se dé el banderazo para el relleno en Turrúcares, Alajuela, que descongestionaría la cantidad de residuos que se disponen en Uruca y El Huazo.
EBI recuerda que ella no produce basura y que si no está, el país seguirá teniendo la necesidad de encontrar un lugar dónde disponer de sus residuos sólidos.