De 2022 a 2023 se presentaron 1.234 casos más de robo de ganado en el país. Así lo corroboró la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Mientras que en 2022 se registró una pérdida de 9.994 reses, el año siguiente la cifra subió a 11.148.
Un 30,8% de los perjuicios en el sector se debe a la comisión de este delito, que representa la segunda causa más importante de pérdidas para los ganaderos, seguido de las plagas y enfermedades que ocasionan el fallecimiento de 27.648 animales en un año.
El robo y hurto de ganado equivale al 17,5% de todos los daños económicos que sufren las empresas ganaderas de Costa Rica. Las penas por esta falta pueden ir desde los seis meses a los ochos años, si la sustracción es de ganado en pie, y de dos a 12, si además se destaza.
SITUACIÓN DEL SECTOR
En el territorio nacional hay un hato compuesto por 1,5 millones de cabezas. Del total, 61,7% corresponde a ganado de carne, 15,8 % de leche, 22,4 % doble propósito y 0,1 % está destinado exclusivamente a trabajo, como en la preparación del terreno, entre otras labores.
El pastoreo sigue siendo la forma de producción más importante (90%), le sigue el semiestabulado (7,3%) y por último se encuentra el que se basa en establos (2,5%). Pero todo esto se está viendo amenazado por una serie de problemas que ahogan el sector bovino nacional.
“Situaciones como el gusano barrenador, el hurto de ganado o las sequías por el cambio climático están provocando una caída de la rentabilidad del sector ganadero”, aseguró Rodolfo Wing Ching, director de la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica.
INICIATIVA BUSCA
AUMENTAR PENAS
En la corriente legislativa se estudia un proyecto que incrementaría las penas para el transporte ilegal de ganado o de productos derivados. En la actualidad, la ley establece una sanción de seis meses a tres años de prisión, con la reforma se sumaría un año.
“Igual pena se le impondrá a quien movilice productos y subproductos de ganado sin que cuente con la factura y, en el caso de canales y medios canales, sin los sellos impresos que establece esta ley”, apunta la propuesta.
De aprobarse el expediente, también se cambiaría el tema de la presunción de obtención ilegítima, es decir, cuando se descubra a un transportista de carne de res con documentos alterados con tachones o deteriorados hay que presumir que obtuvo el producto de manera ilegítima, así que se debe remitir el caso a la Fiscalía.
