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El Gobierno y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), presentaron un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra el robo, tráfico y comercialización ilegal de combustibles, delito que en los últimos años ha sido aprovechado por estructuras del crimen organizado.
La iniciativa fue anunciada durante una conferencia de prensa encabezada por la presidenta de Recope, Karla Montero, junto con el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, y el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos.
De acuerdo con los datos oficiales, entre enero y agosto del 2023 se intervinieron 124 tomas ilegales en el poliducto; en el mismo periodo del 2024 la cifra bajó a 92, mientras que en el 2025 se reportan solo 43, lo que representa una reducción del 65%.
La cantidad de combustible sustraído también mostró una disminución: pasó de 4 millones de litros en 2023, a 3,1 millones en 2024 y a 2,1 millones en 2025.
Pese a estos avances, las autoridades señalan que el delito ha mutado. Lo que antes eran pequeños grupos que perforaban el poliducto, hoy son estructuras criminales complejas con vínculos en homicidios, narcotráfico y lavado de dinero.
Reformas planteadas en proyecto
• Aumentar las penas de prisión a un rango de 5 a 15 años para quienes roben, transporten, comercialicen o faciliten combustible ilegal.
• Castigos de 3 a 8 años para quienes autoricen o faciliten bienes inmuebles en estas actividades.
• De 5 a 8 años de cárcel si se trata de propiedades atravesadas por el poliducto.
• Declarar de interés público al Sistema Nacional de Combustibles como infraestructura crítica.
• Crear una unidad policial auxiliar adscrita a Recope con disponibilidad 24/7 para la vigilancia y protección de la red de 418 km de tuberías.
• Establecer un registro obligatorio de mangueras industriales, principal herramienta usada en las tomas ilegales.
• Implementar la declaración jurada patrimonial anual obligatoria para el personal de Recope vinculado a la operación del poliducto.
Críticas a la impunidad
El ministro Gerald Campos subrayó que, entre el 2020 y el 2025, se registraron 860 denuncias judiciales por robo de combustibles, pero solo 63 concluyeron en sentencias condenatorias, mientras 580 casos siguen activos.
“Esto refleja un nivel de impunidad que favorece al crimen organizado. Necesitamos herramientas más firmes para que el esfuerzo policial y de Recope no se pierda en el camino judicial”, advirtió Campos.
Por su parte, Mario Zamora señaló que muchas mafias se desplazaron al robo de combustibles tras la instalación de escáneres en los puertos, lo que golpeó sus negocios de narcotráfico. “No se trata de pequeños delincuentes; hablamos de organizaciones que incluso han intentado infiltrarse en instituciones públicas”, afirmó.
Innovación tecnológica
Además de la reforma legal, Recope inauguró una sala centralizada de monitoreo equipada con 578 cámaras de alta definición, drones de patrullaje permanente y software de análisis en tiempo real, coordinada con el sistema 911 para atención de crisis.
Según Montero, esta herramienta “marca un antes y un después en la seguridad energética del país”, pues permite vigilar cada tramo del poliducto y responder de inmediato a incidentes o sabotajes.