
Lo que en el pasado era una actividad de subsistencia o “robo hormiga”, es ahora una de las industrias criminales más rentables de la región. Datos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) indican que desde 2018, la institución ha tenido un perjuicio económico de ₡14 mil millones por este delito.
El robo de combustible en Costa Rica ya no es un asunto de delincuentes comunes con pichingas, hoy, el país enfrenta estructuras de crimen organizado con jerarquías, tecnología de punta y financiamiento millonario que socava la economía nacional.
La evolución del delito ha sido radical. Según Karla Montero, presidenta de Recope, la magnitud del problema obligó a un cambio de visión institucional.
“Cuando nosotros llegamos y vimos que el comportamiento no era de pichingueo porque las cantidades no eran pequeñas, sí nos dimos a la tarea de entender el fenómeno y ya fue cuando fuimos viendo que había estructuras de crimen organizado involucradas”, explicó Montero.
Este negocio no solo busca la obtención de combustible para su reventa ilegal, sino que sirve como motor para otros delitos. “Es muy lucrativo el negocio… nos llegaron a robar 3.500 millones de colones… no solo para obtener combustible, para financiar sus propias actividades, sino también para venderlo a nivel nacional y con eso tener un flujo de caja para financiarse”, detalló la jerarca.
Este agujero financiero de ₡3.500 millones en 2023 no fue una pérdida abstracta, se trata del año récord de más perjuicio para Recope, lo que impacta directamente en la inversión del Estado por la necesidad de comprar combustible robado para reponerlo.
| Año | Monto en millones |
| 2018 | ¢1537 |
| 2019 | ¢2101 |
| 2020 | ¢1012 |
| 2021 | ¢275 |
| 2022 | ¢1936 |
| 2023 | ¢3523 |
| 2024 | ¢2197 |
| 2025 | ¢1234 |
| 2026 | ¢271 |
Las autoridades han identificado entre tres y cuatro grandes estructuras criminales que operan con una precisión casi empresarial, según relatan desde Recope, lejos de ser actos improvisados, estas bandas cuentan con un “modo operativo estructurado basado en la organización criminal”.
César Alpízar, director de Operaciones de Seguridad de Recope, explica que existe una división clara de labores: “Hay etapas que tienen que ver con reclutamiento, llámese de la persona que solda eventualmente una toma ilegal, de la persona que construye un túnel, de quién va a transportar el combustible y hasta quién lo va a comprar”.
Esta profesionalización llega al punto de que los criminales aplican técnicas de contrainteligencia para monitorear a la policía y operan en horarios estratégicos para evitar ser detectados.
Incluso, se han identificado cabecillas de alto perfil, como en el caso judicial contra Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, donde Recope figura como denunciante.



