
Los diputados aprobaron un proyecto de ley que sanciona el robo de cable eléctrico hasta con 10 años de cárcel.
De forma unánime, los legisladores aprobaron el expediente 22.816, el cual añade un inciso al artículo 212 del Código Penal para que se castigue con pena de uno a tres años a quién se apodere ilegalmente de tendido eléctrico, telefónico, servicio de cable, telecomunicaciones o internet, ocasionando la privación del servicio.
La pena incrementaría hasta diez años de prisión cuando el valor de lo sustraído supere los ¢2,3 millones.
Las penas aplicarían cuando sean elementos vinculados a la prestación de un servicio público de valor científico, artístico, cultural, de seguridad o religioso.
Caso similar cuando se afecte los dispositivos de seguridad en acueductos y señalamiento o seguridad vial y ferroviaria.
RECEPTOR
El proyecto de ley aprobado señala que aquella persona que acepte objetos robados vinculados a la prestación de un servicio público, recibirá una pena de cuatro a seis años de prisión.
Si el autor traficara los bienes, se le impondrá la respectiva medida estipulada en el Código Penal.
Entre 2020 y marzo de 2021 se reportaron 928 robos de cableado que afectaron a 17.000 clientes en comunidades de 46 cantones.
De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las pérdidas por este tipo de delito en los últimos tres años fueron superiores a los ¢7.400 millones.
Lo anterior, sin contar la suspensión de servicios a viviendas y centros públicos y privados.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la mayoría de casos se dan en las provincias de San José, Alajuela y Guanacaste.