Robert Junior propone endurecer penas por violencia digital contra menores

El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Robert Junior presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de niños y adolescentes frente a nuevas formas de violencia digital y endurecer las penas cuando delitos como corrupción, pornografía, amenazas o suplantación de identidad tengan como víctimas a personas menores de edad.

La iniciativa, tramitada bajo el Expediente 25.876, plantea crear un marco específico para atender conductas que se desarrollan mediante redes sociales, plataformas digitales, videojuegos, servicios de mensajería y otras tecnologías de comunicación.

El texto identifica como formas de violencia digital el ciberacoso, grooming, sextorsión, difusión de contenido íntimo, exposición de información personal o doxing, suplantación de identidad, difusión de actos violentos, deepfakes con contenido sintético perjudicial y la incitación digital a conductas lesivas o peligrosas.

Uno de los puntos que destaca el legislador es el uso de herramientas de inteligencia artificial para producir imágenes o representaciones falsas de menores sin su consentimiento.

Según la exposición de motivos, estas tecnologías pueden utilizarse para generar contenido con altos niveles de realismo y facilitar conductas de humillación, extorsión, violencia sexual digital y explotación.

Retiro de contenido

La propuesta reconoce expresamente el derecho de las personas menores de edad a estar protegidas frente a cualquier forma de violencia digital y obliga a instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a actuar de manera coordinada cuando tengan conocimiento de estos casos.

También dispone que el MEP y el PANI desarrollen acciones preventivas y educativas dirigidas a menores, familias, centros educativos y comunidades sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías digitales.

Penas más altas

El proyecto también reforma una serie de artículos del Código Penal para aumentar las sanciones cuando los delitos involucren a menores de edad o se cometan mediante medios digitales.

Por ejemplo, propone penas de entre siete y trece años de prisión por corrupción cuando una persona utilice redes sociales u otros medios informáticos para promover actos sexuales con un menor.

Para la seducción o encuentros con personas menores de edad mediante medios electrónicos establece penas de entre tres y cinco años, que podrían aumentar cuando el contacto derive en un encuentro presencial.

La producción de material pornográfico en el que aparezcan menores podría sancionarse con penas de entre tres y ocho años, mientras que su difusión o distribución tendría castigos de cinco a nueve años.