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Los operativos para derribar un búnker en la Ciudadela 25 de julio, en Hatillo, dieron a conocer que algunos vecinos de la zona robaban el servicio de agua y electricidad.
En las alamedas cercanas a un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi) desmantelado y en desuso, donde se instalaban los consumidores de crack, los pobladores cercanos hacían conexiones ilegales.
Por este motivo, los servicios públicos de estos vecinos eran pagados por el Estado, a pesar de que el bien inmueble estaba sin usar, según confirmó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José.
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Diario Extra constató como los funcionarios municipales con equipo especial desconectaron los servicios públicos a varios vecinos.
Las autoridades policiales indicaron que algunas personas que viven en estas zonas también participan de manera indirecta en la venta de la droga y facilitar espacios a los consumidores que llegaban hasta el búnker.