El servicio de inspección técnica vehicular continuará en el país hasta el próximo año, pues el proceso de licitación que pretendía autorizar a una empresa para continuar con las pruebas acaba de ser frenado por la Contraloría General de la República (CGR).
Según la resolución emitida este jueves, las empresas TÜV Rheinland Certio, S.L. y el Consorcio Applus CR fueron precalificadas durante el proceso, pero no cumplieron con los requisitos de la licitación.
“La empresa TÜV Rheinland Certio no acreditó el cumplimiento de la experiencia requerida por el Cosevi, de 25.000.000 de revisiones integrales pese a que el Cosevi indicó que sí cumplía en el trámite de la primera ronda de impugnaciones”, señala el informe brindado.
Debido a lo anterior, la CGR decidió dar orden de nulidad al proceso de licitación, pues “resulta evidente para este órgano contralor, de un ejercicio de mera constatación y sin efectuar ninguna interpretación, que existe un vicio con la fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración justifica la legalidad del presente concurso”.
En este escenario, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) deberá resolver las medidas para garantizar que alguna empresa continúe con el servicio de revisión técnica vehicular posterior a julio del próximo año, fecha última de funcionamiento de la empresa alemana.
“Es importante aclararle a los ciudadanos que no se prevé ninguna afectación al servicio de inspección técnica de vehicular por cuanto el permiso a la empresa Dekra fue prorrogado recientemente, y se prevé en todo caso una transición ordenada en el momento que se designen a los concesionarios de este servicio según corresponda”, comentó Carlos Ávila, viceministro de Transporte.
DIARIO EXTRA consultó a la empresa alemana por un pronunciamiento ante el fallo de la CGR, pero al cierre de edición no se recibió respuesta.
Hace tan solo ocho días, la Sala Constitucional avalaba la continuidad de la empresa Dekra para prestar el servicio de revisión técnica, además de no encontrar vicios en el proceso de licitación.
Según indicaban los magistrados, existía una inconstitucionalidad en cuanto al término de la “autorización” del servicio, por lo que debería “adjudicarse”, sin embargo, esto no afectaba el proceso.
“La inconstitucionalidad señalada por la Sala no afecta la continuidad de la prestación del servicio de Revisión Técnica Vehicular que actualmente se brinda, ni tampoco el proceso licitatorio vigente desde 2023”, señalaba el texto.
