Revisan origen de ¢2.100 millones aportados en campaña electoral

Luego de las elecciones nacionales del pasado 1 de febrero, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) giró 102 oficios de solvencia solicitando información a quienes aportaron o financiaron a partidos políticos durante la campaña electoral para verificar el origen lícito de los recursos y, en caso de requerirse, abrir procesos de investigación.

Con relación a las elecciones de este año, el TSE intenta verificar el origen lícito de aproximadamente ¢2.100 millones que se aportaron en la campaña electoral a distintas organizaciones políticas, según explicó a Grupo Extra el jefe del Departamento de Financiamiento a Partidos Políticos de la institución, Ronald Chacón.

Chacón detalló que las consultas están en proceso, y que el principal criterio para hacerlas es cuando exceden los $10.000 dólares, con base en lo que establece la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

La normativa establece que las instituciones financieras deben supervisar las transacciones iguales o superiores a los $10.000. Sin embargo, Chacón explicó que, si bien el criterio principal para girar este tipo de oficios es el monto, existen casos en los que se solicitó información pese a ser transacciones de cantidades menores.

“Puede haber montos menores en cuyos casos se haya tenido información a partir del monitoreo que desarrolla permanentemente esta instancia que también lleva a que el TSE haga consultas e incluso apertura de investigaciones con el propósito de garantizar a la ciudadanía que los recursos que han ingresado en la campaña electoral del 2026 efectivamente tienen una proveniencia lícita”, afirmó.

Chacón fue enfático en señalar que los oficios no necesariamente responden a que los consultados “sean sospechosos”, sino que se basa principalmente en el criterio del monto y que, en caso de no satisfacer las consultas y la ampliación de información, sí se puede dar paso a investigaciones más amplias.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió en su primer informe de los comicios de este año que recibió “relatos de preocupación sobre la posible infiltración del crimen organizado y la presencia de recursos de origen ilícito, incluyendo los asociados al narcotráfico” en la competencia política, una preocupación expuesta a la organización en los comicios municipales de 2024.

Respuestas que no comprueban origen

Al ser consultado sobre casos en los que los aportantes remitieron sus respuestas a las consultas y en los que no se ha sustentado el origen de los recursos, Chacón aseguró que, en el marco del proceso electoral de este año, se han registrado “varias situaciones”, aunque no precisó con detalle cuántas. 

“Lo que tenemos son situaciones en las que no hemos obtenido aún la respuesta o en su defecto la respuesta que ha sido brindada técnicamente no satisface los elementos informativos que permitan acreditar la proveniencia de los recursos. En esos casos se han solicitado ampliaciones”, detalló.

A la vez, advirtió que, en cuanto al análisis de las respuestas, el proceso aún no alcanza la mitad de los casos debido a la gran cantidad de datos que se han obtenido y que otras respuestas “aún están por recibirse”.

La campaña con más solicitudes

Según los datos del TSE, la campaña de las elecciones presidenciales de 2026 superó en cantidad de oficios a la campaña electoral de 2022, cuando se giraron 83, aunque para consultar un monto superior (¢2.897 millones).

Sin embargo, el funcionario mencionó que la cantidad de oficios en esta ocasión es superior debido a que la adquisición de certificados de cesión recayó principalmente en personas físicas y no en instituciones crediticias.

La OEA advirtió que, para esta campaña, los partidos políticos emitieron certificados por ¢71.317 millones, por encima del monto total de la contribución estatal para las elecciones nacionales, fijado por el TSE en ¢39.292 millones.

Un certificado de cesión funciona como una forma de financiamiento adelantado para los partidos políticos. Cuando un partido participa en una elección, puede tener derecho a recibir dinero del Estado después de los comicios, como parte de la contribución estatal. Sin embargo, ese dinero no se entrega de inmediato ni está garantizado desde el inicio.

Por eso, el partido puede emitir certificados con un valor determinado y cederlos a terceros. Es decir, entrega a otra persona o entidad el derecho de cobrar, más adelante, una parte del dinero que le podría reconocer el Estado. 

La OEA advirtió este año que el modelo de financiamiento de partidos políticos conlleva a una excesiva dependencia en el financiamiento privado a través de los certificados de cesión, ante la dificultad de acceder a créditos.

Para resolver las problemáticas relacionadas al financiamiento de partidos políticos y otras situaciones, el 29 de marzo de 2023, el TSE presentó ante la Asamblea Legislativa un conjunto de reformas electorales, aunque no han prosperado en el Congreso.

Es por eso por lo que el pasado 8 de abril, durante la entrega de credenciales a los nuevos diputados, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, hizo hincapié en la necesidad de aprobar el paquete de reformas planteadas con “rigor técnico” por el Tribunal.