
Un total de ¢159 millones fueron girados de más en 2025 en el Régimen Transitorio de Reparto (RTR), principalmente a pensionados fallecidos, según reveló una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).
El RTR lo administra la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) y, de acuerdo con el informe, el 93% de las sumas pagadas en exceso corresponde a personas fallecidas. De los ¢159 millones detectados, solo se habían recuperado ¢35 millones al cierre del análisis, por lo que un 78% permanecía pendiente de reintegro.
Estas irregularidades forman parte de una serie de inconsistencias detectadas por el ente contralor en la liquidación del presupuesto de Regímenes Especiales de Pensiones para el periodo 2025.
A raíz de esos hallazgos, la CGR emitió un informe sobre la información reportada por la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Tras las consultas de Grupo Extra, Jupema explicó que el Ministerio de Hacienda realiza de forma automática el depósito de las pensiones. Por ello, cuando un jubilado fallece, la notificación no siempre llega de inmediato, lo que puede ocasionar que el pago continúe girándose temporalmente.
“Esto ha sido explicado en diversas ocasiones a la Contraloría, ya que el proceso depende también de otros actores. No obstante, nosotros como institución hemos sido proactivos en la implementación de controles para agilizar los procesos, atender esas situaciones y garantizar la recuperación de los recursos”, expresó Carlos Arias.
El jerarca añadió que, como parte de las acciones adoptadas, la institución realiza dos consultas diarias al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para verificar eventuales fallecimientos de pensionados.
Además, aseguró que mantiene un monitoreo constante de esquelas y aplica controles cruzados con otras entidades, entre ellas la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, con el fin de detectar decesos y evitar pagos indebidos.
Otros hallazgos
El informe también determinó que ¢85.923 millones correspondientes a aportes estatales al seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no se registraron ni se pagaron durante 2025.
Según la Contraloría, la omisión en el registro y cancelación de esas facturas incrementó la deuda estatal con la Caja, la cual ascendía a ¢4,4 billones al 31 de mayo de 2025. De ese monto, ¢769.332 millones correspondían a obligaciones vinculadas con el IVM.
“Por lo anterior, la CGR concluye que dichas incorrecciones afectan de manera material y generalizada la presentación de la información presupuestaria”, señaló el órgano fiscalizador.
El documento además indica que entre 1996 y 2016 no se aplicaron revalorizaciones de pensión en varios regímenes especiales, lo que generó posibles diferencias a favor de 2.570 jubilados.
La Dirección Nacional de Pensiones estimó esas diferencias en ¢24.884 millones, recursos que aún permanecen pendientes de análisis y eventual pago.
El dictamen también fue remitido al Ministerio de Trabajo, por lo que Grupo Extra solicitó una posición oficial. Al cierre de esta edición, la institución informó que todavía se encontraba recopilando la información.