Se está volviendo costumbre para los costarricenses observar durante las tardes del miércoles las conferencias de prensa desde Casa Presidencial tras el Consejo de Gobierno, al punto que cada vez más ciudadanos se interesan en saber cuáles medidas o revelaciones compartirán con la población el presidente de la República Rodrigo Chaves Robles y su gabinete respecto al manejo de la cosa pública.
Se extrañaban estas actividades, porque durante los últimos dos años del gobierno que nos prometió trabajar, trabajar, trabajar no hubo comunicación por parte del Ejecutivo sobre los temas que se trataban después de esta reunión que debe ser de dominio público, de modo que algunas personas hasta se olvidaron que existían dichos espacios para que la prensa conociera de primera mano y pudiera cuestionar las acciones de la Administración, al tiempo que fuera capaz de informar efectivamente a la ciudadanía.
En esta ocasión, el actual gobernante, quien prometió no solo arreglar la casa, sino que reconstruirla, dio a conocer que se solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) efectuar un proceso de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo para quitarles a 78 exdiputados las pensiones que Chaves denominó “de lujo”, pues alcanzan hasta los 8 millones de colones, cuando el salario actual de un legislador asciende hasta los ¢4 millones.
Dicho proceso, en palabras de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Eugenia Esquivel, “busca revocar un acto de la Administración que resulta perjudicial para el interés público, como lo fue el pago de más en pensiones para exlegisladores”.
Si bien una persona no debe ser discriminada por la cantidad de dinero que gana, resulta chocante que existan en Costa Rica ciudadanos tan privilegiados, en el entendido de que no a cualquier persona le alcanzaría la vida para cotizar ante su operadora de elección con miras a devengar una pensión de semejante envergadura. Aparte, como lo indica el mismo Presidente de la República: “no puede ser que en Costa Rica haya personas que reciban más dinero del que la ley permite, esto se tiene que acabar. Esperamos que este proceso sea favorable porque las finanzas del Estado lo necesitan con urgencia”.
Lo anterior se debe a que desde el 17 de setiembre de 2020 el pronunciamiento C-369-2020 de la Procuraduría General de la República señala que las pensiones se deben mantener con el tope que mencionaba la Ley de Pensiones de Hacienda al momento de recibirlas.
La ministra Esquivel recalcó que pedirá una investigación a la Auditoría Interna de la Dirección Nacional de Pensiones con el fin de que quienes promovieron los aumentos por encima del tope reciban una sanción, si es que cabe. Esperemos que así sea. De fructificar este esfuerzo, el Gobierno se ahorraría unos ¢3.500 millones anuales.
Qué cuadros de desigualdad se figuran al pensar en un adulto mayor que debe vérselas de palitos con sus 80 mil colones de pensión en semejante crisis económica, quizá sin la posibilidad de contar con casa propia, porque eso también se fue esfumando para los ticos. ¿Vivirá de aire? ¿Le importará eso a alguno de los involucrados en este escándalo?
Las pensiones de lujo son el pilar en que se sostiene la desigualdad que flagela a la sociedad costarricense. En el país ahora no conviven distintas clases sociales como pasaba en antaño, cuando los ricos y los pobres iban a la misma escuela y al mismo colegio. Ahora las brechas se agudizan y esta problemática social resulta especialmente cruel con quienes menos dinero ganan. En la Costa Rica del siglo XXI, no basta con ser profesional para tener un nivel aceptable de vida. Los ciudadanos se ven obligados a endeudarse o trabajar de más para subsistir, mientras ni siquiera se cuestionan demasiado, para no sufrir, si algún día llegarán a tener pensión.
Sin embargo, cuando una persona de a pie llegue al final de su vida productiva y pueda retirarse quizá no quiera hacerlo. Muchos verán con malos ojos el ganar la mitad o menos de lo que devengaban por haber alcanzado la edad en que se les dijo que podían retirarse, la cual por cierto aumentó de un plumazo la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en la pasada Administración. ¿Deberán trabajar hasta morir? Mientras tanto, a algunos no les dejan de llegar los milloncitos.
Las promesas de campaña han sido en los últimos años dulces discursos que un candidato usa para enamorar al electorado, pero que se pierden en excusas tan infantiles como decir que “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”. Sin embargo, entre la población crece un murmullo de que ahora sí hay presidente, en el sentido de que el actual mandatario parece estar pendiente, atento y diligente con respecto a todas sus funciones, pues con menos de 100 días en el poder la gente ha sentido un cambio en el modo de manejar el país que en ocho años otros no dejaron de prometer entre cortinas de humo. Esta acción que decidirán los tribunales podría ser el primer paso para alcanzar un logro que le agradecerían las futuras generaciones, pues significaría no solo un paso en favor de equilibrar las finanzas y reducir la desigualdad, sino también el hito de que un Presidente de Costa Rica sea capaz de decirle a la ciudadanía que cumplió con una de sus promesas.