Proyecto de ejecución de la pena sigue estancado en el Congreso
La última reunión de seguridad sostenida entre diputados y representantes del Poder Judicial no tiene rumbo ni hoja de ruta.
Así lo dijo la diputada oficialista Pilar Cisneros en entrevista con “Desde Buena Mañana”, de Extra-Radio 92.3 FM.
“No hay sentido de urgencia (en materia de seguridad), hay una enorme miopía y egoísmo político. Dicen: ‘Si este proyecto es del Gobierno, entonces no lo aprobamos”, afirmó.
Cisneros remarca que no hay agenda, ni conclusiones, ni hoja de ruta o prioridades que salgan de las convocatorias que hace el presidente del Congreso Rodrigo Arias y los jerarcas del Poder Judicial.
“Dicen que hay que apurarnos, que esas leyes son muy importantes para el país, que hay que darle armas a la policía para luchar contra la criminalidad, pero las cosas no avanzan al ritmo que se necesita”, denunció.
Urgen
La vocera del oficialismo agregó que la Asamblea Legislativa no le está dando al país las leyes que necesita.
Una de las iniciativas que urgen, según Cisneros, es el expediente 24.379, el cual sanciona penalmente a quienes dañen los escáneres o dispositivos electrónicos usados contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Según Cisneros, sigue estancado en el Congreso, aunque en diciembre la Comisión de Seguridad y Narcotráfico lo dictaminó de forma positiva.
Otra propuesta que es necesaria desde la perspectiva del oficialismo es el expediente 24.495 de la liberacionista Montserrat Ruiz, el cual pretende ampliar el horario de los allanamientos judiciales porque actualmente “solo se permiten en horarios de oficina”.
Dicha propuesta, creada junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Comisión de Crimen Organizado del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, ni siquiera ha salido de la Comisión de Seguridad.
“¿Qué pasó? ¡Ninguna de estas iniciativas camina! ¿Ese es el nivel de urgencia que tenemos?”, cuestionó la oficialista.
Ejecución de la pena
Finalmente, Cisneros criticó que el expediente 24.019 (Ley Ejecución Condicional de la Pena) se encuentre estancado en el Congreso.
Dicha iniciativa endurece los beneficios carcelarios para personas que se encuentren en prisión y establece que los condenadas por crimen organizado, tráfico de drogas, homicidio o femicidio no puedan obtener beneficios carcelarios.
Precisamente dicho acuerdo fue revisado por los diputados en la última reunión sobre seguridad.
Tras una serie de modificaciones hechas por el Poder Judicial se acordó acelerar la propuesta en el Congreso. Sin embargo, ante la crisis que enfrenta el país en materia de seguridad, la legisladora considera que su avance no ha sido el deseado.
“Todos estamos de acuerdo con ese proyecto, pero ¿qué pasa? Hay un choque entre el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema para ver quién debería tener la potestad de decidir si un reo puede salir antes o no. Ha pasado mucho tiempo y aún no se resuelve este dilema”, manifestó.
Un punto por señalar es que durante el periodo de sesiones extraordinarias el Ejecutivo no convocó la propuesta.
De acuerdo con Patricia Solano, magistrada presidenta de la Sala Tercera, el texto debe estar aprobado antes de mayo, mes en que la agenda vuelve a manos de Casa Presidencial.
