
El retiro total de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) por parte de los 91 mil pensionados actuales tendría varios impactos en la economía nacional.
Para el primer año, los recursos serían de ¢1,1 billones. Representantes del Banco Central de Costa Rica (BCCR) mencionaron que la entrada de dichos recursos a los bolsillos costarricenses generaría un aumento de 4% en la inflación.
Ante este efecto inicial, la autoridad monetaria tendría que responder con un aumento de la Tasa Política Monetaria del 2,5% para retirar el efectivo de circulación.
“Esos dineros están en mercados internacionales o locales y estarían disponibles repentinamente en las cuentas de las personas. Hay una expansión monetaria que es superior a lo que requiere la economía para el crecimiento nominal y se manifiesta en un incremento de la inflación, y eso genera una reacción de política monetaria que tiene que ser para contenerlo. Entonces, habría un encarecimiento de la tasa de interés que pagan las personas por los créditos que tienen”, indicó Alonso Alfaro, economista en jefe del BCCR.
También, mencionó que el 40% del dinero se encuentra en inversiones en el extranjero, por lo que ingresarían cerca de $900 millones al país. El tipo de cambio sufriría una reducción cercana a los ¢15 colones, en un contexto donde el dólar alcanzó un valor de ¢475 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), el más bajo en los últimos 20 años.
“Las cuentas son individualizadas, pero eso no implica que no hayan efectos macroeconómicos en una política como la que estamos discutiendo”, agregó Alfaro.
Además, explicó que tiene un impacto en los saldos actuales y futuros del ROP, debido a que los recursos en las diferentes cuentas se unen para realizar las inversiones en diversos instrumentos financieros.
Al afectar los rendimientos que se obtienen en el mercado, se puede reducir la tasa de reemplazo esperada para los costarricenses que están por jubilarse. Es decir, la pensión que recibirían equivale a un porcentaje menor del salario que percibían mientras laboraban.
Rudolf Lücke, ministro de Hacienda, detalló que las Operadoras de Pensiones representan un 58% de la tenencia de los bonos de deuda, los cuales son la principal fuente de financiamiento del Gobierno Central. Debido a que las inversiones de renta fija, que son las que tienen un porcentaje de interés establecido desde el principio, cuentan con un plazo de vencimiento, la liquidación anticipada reduce el precio del título valor.
“Cuando se hace esa venta masiva, genera un incremento en la oferta de títulos. Entonces la operadora va a llegar a colocar esos títulos en el mercado y alguien más tiene que comprarlos. Si hay un incremento en la oferta, el precio va a tender a bajar. Van a tener que materializar esas pérdidas, eso va a reducir el valor del fondo y menos rendimientos para los afiliados”, comentó Lücke.
Además, agregó que Hacienda tendría que competir en el mercado para colocar los bonos de deuda que requiere para financiar el faltante en el presupuesto de la República.
“Entonces, para atender las necesidades de financiamiento y poder diferenciarse de esos títulos de las operadoras, y captar recursos para el gasto normal del Gobierno Central, deberá aumentar la tasa de interés para ser más atractivo al resto. Esto genera un impacto en las tasas que se va a ver reflejado en el mercado. Es un efecto similar al observado cuando no se aprobaron los eurobonos”, afirmó.
Basado en estimaciones de la cartera del ejecutivo, un préstamo de ¢15 millones para un vehículo tendría un incremento de ¢292 mil al año. Para una pequeña o mediana empresa que busque financiamiento privado de ¢25 millones para capital de trabajo, aumentaría en ¢677 mil anual.
En el caso de un crédito para una vivienda de ¢65 millones, son cerca de ¢1,3 millones adicionales por año. El costo para el Ministerio de Hacienda sería de ¢140 mil millones en el servicio de la deuda.
El movimiento social de pensionados “Devuelvan el ROP” se presentó a la mesa de trabajo de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa con una propuesta para el retiro de los recursos del régimen obligatorio.
El texto plantea que las cuentas con un monto menor a ¢15 millones sean entregadas, a más tardar, dos meses después de la jubilación del afiliado. Las personas que tengan saldos entre los ¢15 millones y ¢30 millones lo recibirían en un plazo de 12 meses.
Mientras que los saldos superiores a ¢30 millones serían entregados en 24 meses.
“El movimiento sostiene que el ROP es un ahorro individual y su disponibilidad debe respetar el derecho de propiedad. La devolución escalonada mitiga los riesgos. La entrega progresiva permite estabilidad financiera sin afectar el mercado de capitales y el impacto macroeconómico sería gradual y administrable. La propuesta busca reforzar la libertad económica del pensionado, reducir la percepción de encierro forzoso del ahorro, garantizar protección patrimonial y mantener la estabilidad mediante la calendarización escalonada”, señaló Leiner Vargas, economista y representante de los pensionados.
La nueva modalidad de retiro estaría disponible para los costarricenses que estén pensionados o lo hagan antes de febrero de 2031.
En la comisión también se informó que recibieron una propuesta por parte de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, donde plantean un retiro parcial de hasta el 40% de los recursos en el fondo del jubilado para atender necesidades esenciales como la salud, vivienda o alimentación.
Además, la solicitud tendría que ser certificada por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), evaluando la condición socioeconómica de la persona.
“Hay que hacer los análisis técnicos, pero no la vemos con malos ojos en el sentido de que recoge un poco lo que había planteado el presidente del Conassif, Humberto Grant, en términos de situaciones puntuales, que tenían que ver con enfermedades, vivienda, endeudamiento, que son temas muy puntuales”, afirmó Róger Porras, presidente de la Asociación de Operadoras de Pensiones (ACOP).
