El expediente No.23.701, que presentó la fracción oficialista y se discute en la corriente legislativa, pretende modificar el artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de nacionales.
Ante esto la Procuraduría General de la República (PGR) emitió su criterio al señalar que la reforma constitucional que se propone resulta necesaria para dicha institución.
“Por un tema de seguridad jurídica, dada la interpretación judicial que se ha realizado en esta materia y la necesidad de dimensionar correctamente la voluntad del Poder Constituyente originario, para que quede reflejada en la propia Constitución.
Sin embargo, estimamos que resulta necesario realizar la presente reforma sobre lo dispuesto en el artículo 31 constitucional que se refiere a la extradición y no sobre el artículo 32, que fue establecido por el Constituyente originario para otro fin”, manifiesta la PGR.
Asimismo, detalla que la posición más reciente de la Sala Constitucional sostiene que el poder reformador tiene vedado limitar, reducir o restringir el contenido esencial de los derechos fundamentales, humanos o modificar principios originarios de organización política territorial.
“Sin embargo, la no extradición de nacionales no es un derecho fundamental en sí mismo, pues no existió una voluntad expresa del Constituyente originario de impedir la extradición de nacionales en lo dispuesto en el numeral 31 de la Constitución.
Por el contrario, delegó esta materia en la ley y en los instrumentos internacionales. Tampoco puede considerarse que la no extradición de nacionales sea un derecho humano pues, a la fecha, ningún tribunal internacional o regional de derechos humanos lo ha reconocido como tal, y muchos países han modificado sus legislaciones para permitir la extradición de sus nacionales frente a la existencia de delitos de carácter internacional”, agrega.
Además explicó que la extradición es un mecanismo de derecho internacional para facilitar el intercambio de personas de una legislación a otra, en virtud de la comisión de delitos.
FUNDAMENTOS COHERENTES
DIARIO EXTRA consultó a Priscila Vindas, diputada del Partido Frente Amplio, quien es miembro de la comisión especial de reforma para permitir la extradición de nacionales, sobre esta posición institucional.
“Del pronunciamiento de la Procuraduría sobre el expediente de extradición que se está analizando en este momento en la Asamblea Legislativa vemos como coherente el pronunciamiento que ha hecho con las demás posturas que se han visto en la Comisión.
Dado que las personas expertas que han acudido a dar su criterio han señalado que no se lesiona un derecho fundamental a la hora de que una persona nacional o nacionalizada acuda a cumplir ante la justicia fuera de nuestro país”, detalló.
Vindas agregó que el señalamiento que hace la Procuraduría sobre que no se requiere un procedimiento de Constituyente para hacer este cambio es acertado.
“Dado que no está en el espíritu Constituyente que la persona no acuda a la justicia internacional y por último también vemos importante el señalamiento que hace la Procuraduría en señalar que el cambio debería realizarse de una manera más idónea en el artículo 31 y no en el 32. Esto podría modificarse a través de una moción y de textos sustitutivos, los cuales se podrán analizar en la comisión dictaminadora”, indicó.
La PGR finalmente expresó que se recomienda de manera respetuosa incluir en la reforma los delitos regulados en el Estatuto de Roma (genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión), cuya vinculatoriedad ha sido aceptada por la propia Sala Constitucional, así como los delitos relacionados con las convenciones internacionales atinentes a las materias de terrorismo y tráfico internacional de drogas, que constituyen compromisos asumidos por Costa Rica en el ámbito de las Naciones Unidas.