Respuestas urgentes sobre la realidad del INVU
Editorial
El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Poder Ejecutivo deben responder pronto a las supuestas irregularidades que Diario Extra ha revelado en tres entregas esta semana.
Lo que revela el informe interno es alarmante. Habría más de ¢49 mil millones en riesgo. Libros contables perdidos desde 2019. Depósitos sin identificar que superan los ¢3.000 millones. Diferencias de más de ¢8.000 millones entre los sistemas de registro. Dieciocho cuentas “inter modulares” sin ningún tipo de control, descritas en el propio informe como una “bolsa sin control susceptible a que cualquiera pueda sustraer recursos”. A eso hay que sumarle supuestas contrataciones a dedo, bloqueo de información hacia la Contraloría General de la República, compras millonarias autorizadas por funcionarios sin atribución para hacerlo, y denuncias de acoso laboral.
No es un problema de mala administración coyuntural. Es una crisis estructural y sistemática que, según el propio informe, pone en riesgo los ahorros de costarricenses que depositaron su confianza —y su dinero— en esta institución. Ciudadanos de a pie que sueñan con tener casa propia, que han aportado sus ahorros mes a mes durante años, merecen saber que sus fondos están seguros.
Preocupa que los funcionarios señalados siguen en sus puestos, amparados en el principio de inocencia. Entendemos ese principio; lo respetamos. Pero una cosa es la inocencia jurídica y otra muy distinta es dejar a personas cuestionadas con acceso irrestricto a fondos públicos mientras las investigaciones avanzan a ritmo de tortuga.
La Contraloría General de la República, la Procuraduría General y el Ministerio de la Presidencia deben acelerar sus gestiones y emitir pronunciamientos concretos sobre el estado de estas denuncias. La transparencia no es opcional en el manejo de dinero público: es una obligación constitucional.
La ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Grettel Vega, ha puesto sobre la mesa una opción que merece ser tomada en serio: fusionar el INVU con el Ministerio de Vivienda, trasladar el sistema de ahorro y préstamo al Banco Hipotecario de la Vivienda, al Banco Popular o al Banco Nacional, e integrar las direcciones técnicas de urbanismo al Mivah. No es una idea descabellada. Es una respuesta racional ante una institución que, según sus propios documentos internos, no cuenta con los controles mínimos para operar con fondos ciudadanos.
Costa Rica tiene demasiadas instituciones que duplican funciones, consumen recursos y acumulan burocracia sin rendir cuentas claras.
El INVU, fundado hace setenta años en un contexto completamente distinto al actual, puede ser un caso paradigmático de esa realidad. Que la propia ministra rectora del sector plantee públicamente la posibilidad de su cierre o absorción dice mucho. Ignorar esa señal sería una irresponsabilidad adicional a las ya documentadas.