El auge de las redes sociales ha impulsado una nueva economía digital protagonizada por los “influencers”. Este fenómeno, basado en la creación de contenido para promocionar productos y servicios, plantea retos contables y tributarios en Costa Rica. Es crucial que estos trabajadores comprendan las implicaciones legales de su actividad para garantizar el cumplimiento normativo y evitar sanciones.
En Costa Rica, los ingresos de los influyentes son una fuente de generación de renta gravable según los artículos 1 y 2 de la Ley 7092. Esto incluye pagos en efectivo, trueques, o beneficios en especie, los cuales deben declararse como parte de sus ingresos anuales. Además, están obligados a inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyentes, emitir facturas electrónicas y presentar sus declaraciones de renta e Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La profesionalización de esta actividad requiere gestión contable adecuada. Los “influencers” deben registrar sus ingresos y egresos con detalle, diferenciando costos directos e indirectos. Por ejemplo, los montos asociados a producción de contenido, adquisición de equipos o servicios de edición son deducibles, siempre y cuando estén debidamente respaldados. Esto no solo optimiza su gestión financiera, sino que facilita el cumplimiento fiscal.
Uno de los mayores retos de las personas con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales, es el desconocimiento sobre sus responsabilidades contables y tributarias. Sin embargo, también representa una oportunidad para que los contadores brinden asesoramiento especializado, ayudando a estructurar sus actividades desde una perspectiva financiera y legal.
En conclusión, los “influencers” deben adaptarse al marco contable y tributario del país. Cumplir con estas obligaciones no solo evita problemas legales, sino que también fomenta la transparencia y la sostenibilidad de sus emprendimientos digitales. Es clave mantenerse informado y contar con asesoría profesional para operar dentro del marco legal y maximizar el potencial de esta economía digital.
