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Costa Rica está sumida en su peor crisis de violencia. Solo entre enero y febrero de 2025 se registraron 13 femicidios.
El femicidio constituye una de las formas más atroces de violencia. Además de segar vidas, envía un mensaje de hegemonía patriarcal que busca imponer un discurso de vulnerabilidad sobre las mujeres, quienes enfrentamos una cultura que favorece el autoritarismo y el machismo.
Si bien el ideal es prevenir la violencia y, por supuesto, evitar la violación del bien jurídico tutelado que es la vida, cuando esta protección se incumple, el Estado debe asumir la responsabilidad de reparar.
La reparación debe entenderse de forma integral, no como una simple compensación económica.
El dolor profundo que genera el asesinato de una mujer afecta de manera severa la salud emocional y psicológica de quienes la sobreviven. Esta comprensión dio origen, en 2022, a la Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio.
Dicha ley visibiliza que, cuando una mujer es asesinada, con ella se extingue una hija, una hermana y, en la mayoría de los casos, una madre.
Según datos del Poder Judicial, en 2024 fueron asesinadas 30 mujeres en hechos calificados como femicidio. De ellas, 18 tenían hijos en común con el agresor; la mitad fueron asesinadas en su propia casa de habitación el que debería ser su espacio más seguro; 18 mantenían una relación sentimental con el homicida, mientras que 3 habían terminado la relación poco antes de ser asesinadas.
Es importante tener presente que el asesinato de una mujer no solo impacta directamente en ella, sino también en quienes la rodeaban y que, conforme a la ley, son reconocidas como personas sobrevivientes, como sus hijos e hijas.
La ley establece que estas personas deben recibir atención prioritaria del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el cual está obligado a articular respuestas integrales que cubran sus necesidades psicológicas, educativas, de salud, alimentación, entre otras.
Se trata de una legislación avanzada, pero que invita a una profunda reflexión sobre su aplicación efectiva. Aunque existen esfuerzos institucionales, aún no se ejecuta de forma completa. No hay un reglamento que permita operativizar la ley eficientemente, ni un registro claro de las personas sobrevivientes entre 2007 y 2018, quienes también tienen derecho a esta reparación.
Además, hace falta mayor divulgación para garantizar que esta opción llegue a quienes atraviesan el dolor devastador de una pérdida por femicidio.
Por eso, es necesario difundir esta posibilidad. Las personas a quienes les arrebataron a una madre, hija o hermana deben saber que pueden acercarse al Inamu, o incluso contactar al grupo “Familias sobreviviendo al femicidio” en Facebook, para recibir orientación. Aunque nada le devolverá a la mujer que fue privada de su vida, sí pueden encontrar acompañamiento y apoyo para sobrevivir a esta tragedia. Lo más importante, sin embargo, es que a las mujeres no nos maten. Es urgente tomar acciones oportunas para detener esta ola de femicidios. Pero, paralelamente, no se puede desatender la necesidad de brindar apoyo integral a las personas sobrevivientes, especialmente cuando se trata de hijas e hijos menores de edad.