Contraloría encontró fuga de ¢590 millones
Privados de libertad y personas fallecidas recibieron bonos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). En específico, se entregaron cerca de ¢17,4 millones a difuntos y ¢75,3 millones a reos.
El hallazgo, que fue encontrado por la Contraloría General de la República (CGR), señala que hay una la filtración de 2.625 hogares que no cumplían con las condiciones para recibir el beneficio temporal por inflación otorgado durante 2022 y 2023.
Según el informe, a un total de ¢529 millones se entregó a beneficiarios que no cumplían las condiciones necesarias, mientras que cerca de 27.000 hogares que tenían el subsidio aprobado no se les entregó.
“De los 26.918 hogares con el beneficio aprobado que no lo recibieron, 18.486 estaban en pobreza extrema; 14.399 tenían jefatura femenina; 3.420 incluían personas con discapacidad; 18.534 tenían integrantes menores de edad y en 6.340 vivían personas adultas mayores. Incluso, 3.800 hogares presentaban tres de estas condiciones simultáneamente”, señala el texto de auditoría.
Sin embargo, ante esta situación el IMAS justificó que “en cuanto a las personas fallecidas debe considerarse que, para el otorgamiento del subsidio, y por disposición legal, se utilizó el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), el cual utiliza la base de datos del TSE, información que es materialmente imposible que se actualice en tiempo real cada vez que una persona fallece”.
Incluso sobre los beneficiarios que estaban privados de libertad, la institución explicó que “los familiares de las personas privadas de libertad no fueron condenados por ningún delito y su exclusión sería inconstitucional, por ello, el IMAS no comparte el razonamiento del órgano contralor sobre ese punto”.
Diario Extra intentó conocer la perspectiva del TSE sobre el señalamiento del IMAS, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
No alcanzaron población mínima
Otro de los señalamientos hechos por la CGR ante el subsidio del IMAS es que no se alcanzó la población mínima establecida por la institución de ayuda social, que es un 80% del total posible.
“Cabe destacar que el total de hogares identificados por Sinirube como candidatos al beneficio fue de 218.038, lo cual significa que, con el presupuesto disponible, la meta programada representaba un alcance máximo del 51% de ese universo.
No obstante, la cobertura fue insuficiente para alcanzar la meta, pues benefició únicamente a 83.348 hogares, equivalente al 75% de los 111.111 planificados y al 75,6% de los 110.266 hogares que tuvieron el beneficio aprobado”, indica el informe.
Además la CGR señala que dicha ejecución también quedó por debajo de los estándares de buenas prácticas internacionales, que establece un mínimo del 85%.
Bonos dependientes
Yorleny León
Presidenta ejecutiva IMAS
“El futuro de la protección social no serán los papeleos ni la burocracia, sino la clase de gestión que ejecutó exitosamente el IMAS”.
En la auditoría se expone que el bono temporal por inflación no contaba con “vinculación con actividades de estímulo o promoción social, contrario a la ley de creación del IMAS”, ya que solamente funcionaba para “entregar dinero”.
“Este marco legal establece que las personas beneficiarias de un plan de ayuda deben participar en un programa de estímulo para desarrollar capacidades y reducir la dependencia de ayudas estatales. Sin embargo, el IMAS no ha armonizado su normativa para cumplir este mandato legal”, continúa el documento.
El presidente Rodrigo Chaves se había referido a este tipo de bonos entregados por la institución al afirmar que “como sociedad no podemos crear subsidios adictos, adictos a los subsidios”, comparándolo con la situación social de Argentina.
Sobre ello el IMAS justificó que “la precisión del beneficio fue del 97%, por lo que se puede evidenciar y destacar su eficacia, si se considera que se trata del primer beneficio en la historia del país que se ejecuta mediante búsqueda activa de los hogares a los cuales se les giró”.
El 6 de noviembre dicha institución lanzó un nuevo modelo para el otorgamiento de subsidios llamado IMAS Impulsa, el cual pretende que las personas deban rendir cuentas con respecto a las ayudas sociales que se entreguen a las familias.
