Por años DIARIO EXTRA ha mostrado la vida detrás de las rejas, miles de reclusos que hacen fiestas a vista y paciencia de las autoridades, hablan por celular sin complicaciones, llenan los sanitarios y duchas como si fueran piscinas.
Además, fermentan frutas y las hacen licor, venden y consumen drogas con libertad y últimamente montan call centers intrabarrotes para estafar a los ciudadanos con sus cuentas bancarias.
¿Y quién controla este desorden? Pues parece que nadie, lo cierto es que se ha detectado que hasta hay policías penitenciarios que se apuntan en semejantes acciones.
El sistema carcelario tico deja mucho que desear, con el cuento del hacinamiento, la falta de recursos, la escasez de oficiales y los derechos humanos, aquellos recintos se han convertido en un club donde comen, duermen, hacen ejercicios y no trabajan.
De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Justicia y Paz dados a conocer por este medio a finales del 2019, por recluso el Estado asume un costo diario promedio de $34, es decir unos ¢21 mil.
Para ser más específicos, cada 24 horas que pasan estas personas tras los barrotes, les cuesta a los costarricenses aproximadamente ¢336 millones, si se toma en cuenta que hay unos 16 mil internos.
La extravagante suma contempla no solo la comida (en sus tres tiempos o más), artículos de higiene personal como jabones, pastas y otro como la compra de sábanas. Además, se asumen los costos de estudio que algunos realizan y hasta desarrollo de disciplinas deportivas dentro del campus carcelario.
Las medicinas y otros servicios de salud no están en este rubro, eso suma otra millonada al costo total que implica mantener cada día a los privados de libertad.
Si cuantificamos el gasto por cada mes, este ascendería a los ¢11 mil millones, sin contar otro tipo de “inversiones”.
Pero el monto seguiría aumentando si se hace el cálculo por año, el cual llegaría a los más de ¢130 mil millones.
Eso es mucho dinero y definitivamente este país debe replantearse el esquema del sistema y no nos referimos a la alcahuetería que planteaban algunos exministros, que promovieron una política de dejar libre a cuanto interno se les ocurrió, sino algo ordenado, pensado y congruente. No se puede estar tirando la plata por las ventanas.
Excelente es el proyecto de ley que presentaron 14 diputados de diferentes bancadas en el Congreso, que consta en el expediente 22.352 y que busca poner a los reos a trabajar arreglando calles y levantando obras, por lo cual podrían darles una remuneración.
El proyecto promovido por Walter Muñoz del Partido Integración Nacional plantea que el Ministerio de Justicia logre acuerdos con Obras Públicas y Transportes, así como empresas privadas, para poner a internos con sentencias que estén por cumplirse, a los del semiinstitucional y los que usan tobilleras, a laborar y así evitar que sigan siendo una carga social.
Si esto llegara a constituirse en ley, la remuneración por dichas labores debería usarse no solo para los gastos propios del interno, sino para el pago de pensiones alimentarias, indemnizaciones por los delitos cometidos en establecimientos, pagos de acciones civiles y un fondo de reserva para cuando se acabe la condena y deban salir de prisión.
Definitivamente esta es una buena idea, ojalá se sumen más diputados a la propuesta y la conviertan en norma en poco tiempo. Si bien hay derechos para los privados de libertad, también hay deberes y una sociedad no puede estar asumiendo el costo total de una errada decisión personal.
No se trata de mantenerlos en la miseria o denigrarlos en su condición de humanos, pero ya es momento de poner mano dura, pues, además de un abandono perpetuo, ha existido una alcahuetería severa. Las cárceles son universidades del delito y esos costos tan altos no pueden recaer en el resto de la población, muchos de los dineros invertidos de forma fallida por el Estado podrían usarse en escuelas, colegios y cetros médicos que tanto urgen.