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En un país donde los centros penitenciarios han sido durante años semilleros de crimen organizado, refugio de extorsionadores y oficinas improvisadas para la venta de drogas, es imprescindible saludar con fuerza y sin titubeos una decisión valiente, coherente y largamente esperada: el Ministerio de Justicia y Paz prohibió que las personas privadas de libertad porten dinero en efectivo dentro de las cárceles.
Esta medida, contemplada en la circular DGAS 01-03-25 de la Dirección General de Adaptación Social, no es menor. Marca un hito en la lucha por restablecer el orden y dignificar el sistema penitenciario costarricense.
A partir de ahora, ningún reo podrá utilizar ni guardar dinero físico dentro de su celda, lo cual corta de raíz una de las principales fuentes de poder y control dentro de los centros de reclusión: el efectivo que movía voluntades, pagaba drogas, financiaba extorsiones y alimentaba estructuras criminales internas.
Es fundamental que la ciudadanía comprenda el alcance de esta acción. El dinero en efectivo facilitaba la creación de jerarquías mafiosas al interior de las prisiones, donde quienes tenían acceso a recursos económicos imponían su voluntad sobre otros reclusos, muchas veces mediante amenazas, compra de favores o incluso asesinatos.
Dejar circular billetes dentro de una cárcel era como echar gasolina sobre el fuego. El Estado, por fin, tomó la decisión correcta. Esta administración entendió que la seguridad no puede comprometerse por comodidad operativa o por prácticas arraigadas en la informalidad.
La trazabilidad de los fondos es esencial, y por eso se trabaja ya con bancos estatales para dotar a los privados de libertad de cuentas bancarias debidamente reguladas.
De esta forma, cualquier movimiento de dinero quedará registrado, se impedirá la opacidad y se abrirá la puerta a una fiscalización real.
El proceso incluye cinco días hábiles para que los privados de libertad entreguen a sus familiares o personas de confianza cualquier efectivo que aún posean. Después de ese plazo, cualquier billete hallado será decomisado.
Es una medida firme y clara, que no deja lugar a interpretaciones y que envía un mensaje rotundo: el Estado recupera el control sobre sus cárceles.
Además, gracias al rescate de una donación de más de ¢113 millones de colones que databa desde 2016 (y que había quedado en el olvido) se logró instalar un escáner corporal (Bodyscanner) en el centro penitenciario Jorge Arturo Montero, más conocido como La Reforma.
Desde que entró en operación, el pasado 22 de marzo, ya detectó a cuatro privados de libertad intentando ingresar droga y teléfonos celulares. Es decir, la tecnología también llegó para quedarse y para reforzar el combate a los negocios ilícitos.
La ofensiva institucional no se queda ahí. El Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
Este proyecto de ley también refuerza el liderazgo de la Dirección General de Adaptación Social como la única autoridad encargada de organizar y administrar las cárceles del país.
Quienes están en el terreno, conocen los desafíos diarios y viven la realidad penitenciaria, deben tener la última palabra en la administración del sistema.
La ruta es clara: ordenar la casa y devolverle al país un sistema carcelario que realmente funcione como centro de rehabilitación y no como sede operativa de bandas criminales.
Bien por el ministro Gerald Campos. En momentos donde muchos prefieren la comodidad de no incomodar, él tomó decisiones firmes, con consecuencias prácticas que favorecen a toda la sociedad.
La valentía en la función pública también debe ser reconocida cuando se usa en defensa del interés común.
Costa Rica necesita orden, necesita seguridad y necesita instituciones que no tiemblen cuando toca poner la casa en su sitio. Este es un paso en la dirección correcta. Que no sea el último.