La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) solicitó al Gobierno revisar el reglamento emitido sobre la operación de la tecnología 5G en el territorio nacional después de encontrar irregularidades.
De acuerdo con la entidad, la regulación que realizó el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) restringe la participación de operadores y, por consiguiente, la competencia.
“Preocupa a esta Comisión que las disposiciones contenidas en el artículo 10 de ese instrumento puedan excluir a empresas de varios países de participar -directa o indirectamente- en el despliegue de la red 5G en el país.
En el inciso e) se establece como de alto riesgo el que se utilicen suministradores de hardware y software que tengan su sede en un país que no ha manifestado su consentimiento de obligarse al cumplimiento Convenio de Budapest”, mencionó la presidenta de Coprocom, Isaura Guillén.
También agregó que “la exclusión de proveedores clave puede generar costos significativos y retardar la adopción de tecnologías esenciales, afectando así a la competencia en el campo 5G, por lo que es importante revisar que esta regulación, desde la perspectiva de la competencia, concilie la seguridad sin introducir restricciones excesivas a la innovación y al entorno competitivo”.
El objetivo de la revisión consiste en evitar que el reglamento pase a ser una barrera que limite la entrada y expansión de ciertos operadores o proveedores de telecomunicaciones.
ERROR AL EXCLUIR A CHINA
Desde el Órgano Superior de la Coprocom aseguran que excluir a fabricantes como Huawei es un error muy grande que afectaría la economía nacional.
Ante esto, solicita a las autoridades avalar un reglamento que tenga sustento técnico para que así la competencia sea justa entre los participantes de la tecnología de quinta generación.
“La exclusión de fabricantes chinos como Huawei o ZTE en las redes 5G podría tener un impacto negativo en la economía. Esto podría resultar en mayores costos para los operadores y una desaceleración en la innovación, lo que a su vez limitaría el acceso a estas tecnologías para millones de personas en los próximos años.
Además, restricciones en la participación de empresas podrían dar lugar a disputas costosas y prolongadas, lo que podría retrasar la expansión de las redes 5G”, argumentó Guillén.
“Deben ser ampliamente justificadas y contar con sustento técnico, según los principios de necesidad y proporcionalidad en la regulación de las actividades económicas. Igualmente, considera debería analizarse la utilización de los instrumentos que supongan la mínima distorsión para la competencia”, externó.
LÍMITE DE RESPUESTA
La Comisión avisó al Gobierno que tendrá 30 días hábiles, como lo establece la Ley de Fortalecimiento de Autoridades de Competencia de Costa Rica, para dar respuestas en caso de tomar o no las recomendaciones sobre la solicitado por el Órgano.
“La Coprocom reconoce la importancia de preservar la seguridad de la tecnología 5G. Sin embargo, es esencial garantizar que las restricciones establecidas no sean discriminatorias y no menoscaben la sana competencia, la innovación y el progreso económico en el sector. Promover la diversidad de opciones, fomenta la selección informada y estimula la competencia”, finalizó Guillén.