Por acceso a la información
La propuesta de un proyecto de ley para establecer un registro de las personas condenadas por delitos sexuales ha recibido una serie de cuestionamientos por parte del Poder Judicial.
Sandra Zúñiga, magistrada de la Sala de Casación Penal, presentó un informe ante Corte Plena sobre el expediente 23.886, “Ley para creación de Registro Público de los Sentenciados por Delitos Sexuales, Trata de Personas y Turismo Sexual”, y señaló posibles complicaciones que tendría esta iniciativa.
Una de las que más preocupan es el acceso que podrían tener instituciones del sector privado, de salud y educación, a esta base de datos de ofensores sexuales porque puede ser “muy peligrosa y extralimitada” por la manera en que está planteada.
“Me parece, con todo respeto, que este acceso a actores privados puede extralimitar el tema de la confidencialidad de la información, que también se tiene como una premisa del proyecto”, expresó Zúñiga.
Asimismo, critica que no existe un marco jurídico sobre la duración de este registro tras el cumplimiento de la pena, lo que podría tener roces de constitucionalidad.
“Si hacemos una lectura cuidadosa, ni siquiera hay una definición de cuál es la persona legitimada dentro de los actores públicos y privados a los que se les da el acceso a la información”, agregó.
Por otra parte, la iniciativa plantea que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar esta eventual legislación, lo cual es cuestionado porque le corresponde al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevar el registro de estas personas. “Nos parece extraño la propuesta de que el reglamento de solicitudes al registro quede en manos del Poder Ejecutivo, cuando es el Poder Judicial quien tiene a cargo el registro”, aseguró.
El informe que presentó Zúñiga en la sesión de Corte Plena fue avalado de manera unánime y se convierte en la segunda ocasión que la propuesta recibe críticas de los magistrados.
Aunque se reconoce la utilidad que tendría el registro de estas personas sentenciadas, el reporte señala el impacto en el Poder Judicial.
COINCIDEN
El proyecto también fue consultado a otros actores, entre ellos el Ministerio Público y la Fiscalía General de la República, quienes indicaron que sí incide en el funcionamiento y la organización del Poder Judicial por las necesidades presupuestarias que implica.
Zúñiga además dijo que la Defensa Pública dio una serie de consideraciones como el derecho al olvido, así como referencias de la inconveniencia de tener este tipo de registros judiciales y su duración en el tiempo.
La Dirección Jurídica y el Registro Judicial también señalaron consideraciones y requerimientos si se aplica la normativa.
Patricia Solano, magistrada de la Sala de Casación Penal, respaldó el informe que presentó Zúñiga y aseguró que el proyecto impactaría severamente las finanzas del Poder Judicial.
“Coincido con la magistrada Zúñiga sobre la conveniencia que puede tener el proyecto de ley sobre este registro de personas ofensoras sexuales, no es solo decir que se crea la ley y que con mucha facilidad se puede poner a caminar este proyecto de ley. Impacta severamente nuestras finanzas”, afirmó.
Otro de los cuestionamientos expuestos en el informe es la cantidad de solicitudes de este tipo que podrían realizarse por parte de los sectores público y privado.
“Podemos hablar de instituciones públicas y privadas de todo el país que podrían estar realizando solicitudes de información (…) No se trata solo de enviar las solicitudes, tendrá un personal profesional que valorará si las solicitudes que se realizan son admisibles o no”, finalizó Zúñiga.
Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es la única entidad que manifestó la inconveniencia de esta iniciativa de ley, de acuerdo con el informe.
