El régimen de Nicaragua envió una fuerte carta respondiendo a la Cancillería de Costa Rica luego que esta se pronunciara sobre el estado de su democracia.
En el documento, Nicaragua califica de “injerencia” las críticas costarricenses y exige relaciones respetuosas bajo el principio de soberanía.
“Recordamos al ilustrado Gobierno de la hermana Costa Rica que Nicaragua es un país y un pueblo digno y soberano y que no aceptamos la injerencia de otros en nuestros propios asuntos”, indicó en el documento.
Asimismo, el régimen de Ortega señaló los problemas internos de la política costarricense y que, a pesar de estar “observando las grandes dificultades que hay entre las instituciones de Costa Rica”, no se involucran ni interfieren en asuntos exclusivamente del pueblo y gobierno de este país.
“No nos involucramos y no emitimos ningún criterio sobre asuntos que solo pertenecen al pueblo y gobierno de Costa Rica”, mencionó.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica emitió un comunicado de prensa manifestando su “profunda preocupación por el continuo deterioro democrático en Nicaragua”.
Costa Rica hizo un llamado vehemente al respeto de los Derechos Humanos, al Estado de Derecho y a la realización de elecciones plurales, advirtiendo que buscaría promover una respuesta coordinada en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en las próximas reuniones de cancilleres del continente.
Esta medida bloquea la participación de cualquier candidato catalogado por el régimen como “traidor a la patria” o que haya apoyado sanciones internacionales.
Adicionalmente, la reforma amplía el mandato presidencial de seis a siete años, otorga nuevas facultades punitivas al tribunal electoral y encamina al país hacia un modelo político de partido único bajo el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Con este nuevo diseño institucional, Daniel Ortega y su copresidenta y esposa, Rosario Murillo, buscan blindar la continuidad y la sucesión dinástica familiar en el poder hasta al menos el año 2036.