Algunos regidores de la Municipalidad de San José cuestionaron la manera en que desde hace varios años la alcaldía y algunas administraciones de los concejos municipales han otorgado permisos y determinado los montos que se cobran por concepto de patentes.
Esta discusión nació a raíz del cobro desproporcionado que el ayuntamiento josefino quiere obligar a pagar a los pregoneros que trabajan en las calles de la capital.
Eugenia Bermúdez, del Partido Acción Ciudadana, reconoció por ejemplo que los mupi (anuncios metálicos que se encuentran en las paradas de autobuses) solo pagan ¢4.500 por mes y les producen a las empresas entre $3 mil y $6 mil mensuales por el derecho de mostrar publicidad de sus anunciantes.
En su momento, cuando se dio la primera discusión sobre el cobro de los pregoneros, a finales de junio del 2013, la misma regidora defendió este punto.
En ese momento Johnny Araya, alcalde de turno, aseguró que este cobro tan bajo es porque estas empresas también debían correr con el mantenimiento de estos dispositivos, así como de las paradas, lo que los regidores consideran fue una excusa para beneficiar a una compañía en particular.
Otro de los cuestionamientos se hizo en el sentido de la cantidad de vallas publicitarias que el exalcalde y actual candidato presidencial ha colocado en todo el cantón central, por lo que el Partido Liberación Nacional (PLN) debe pagar un alquiler y por lo que el municipio no recibe un centavo.
“Estamos muy claros en la sensibilidad que hay respecto al problema que tienen los pregoneros. Si lo que se gana es un 25% el pregonero, pero además de eso se tiene que pagar su seguro social, sus almuerzos y su transporte, es nada lo que le queda”, dijo Douglas Altamirano, regidor de la Unidad Social Cristiana.
Quienes han insistido más en la necesidad de “poner en orden” a los trabajadores más humildes de San José son la alcaldesa Sandra García, quien apenas se puso al frente de la administración comenzó a realizar este cobro, así como los regidores verdiblancos.
“El Concejo tiene la voluntad de poner a derecho a todas esas personas que desde hace muchos años este ha sido su medio de vida. Pero siento que sí hay que ponerlos en orden, igual que se está haciendo con la lotería”, comentó Alexander Cano, regidor del PLN.