Un total de 13 personas quedaron detenidas tras una serie de acciones que realizaron el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público. A los detenidos se les vincula con aparentes hechos de corrupción en la contratación y construcción de obra pública, caso denominado por las autoridades investigativas como Diamante.
Con un total de 40 allanamientos, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y el OIJ aprehendieron a los alcaldes Johnny Araya de San José, Alfredo Córdoba de San Carlos, Mario Redondo de Cartago, Humberto Soto de Alajuela, Aberto Cole de Osa y Arnoldo Barahona de Escazú. También allanaron las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y detuvieron a funcionarios de los municipios de Alajuela, San José, Escazú y Golfito.
Asimismo, las acciones policiales permitieron la detención de dos empresarios, al parecer, uno es representante de la Constructora MECO, la cual enfrenta una serie de cuestionamientos por el caso Cochinilla; mientras que el otro sujeto estaría relacionado con relacionado con la empresa Explotec.
Esta última empresa, que se ubica en la localidad de San Ramón de Alajuela, obtuvo presuntas licitaciones y proyectos de construcción con las municipalidades de Alajuela y San José.
Datos a los que tuvo acceso DIARIO EXTRA indican que la presunta organización habría realizado obras de infraestructura vial cantonal aparentemente a cambio de dádivas o promesas de retribución para brindar supuestos beneficios a las empresas mencionadas, principalmente a MECO.
“Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas. A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos”, detalló el Ministerio Público.
Cabe mencionar que los aparentes ilícitos involucrarían 15 proyectos en todas las municipalidades por lo que los aparentes delitos seguirán siendo analizados en el expediente 20-009616-0042-PE.
Según dijo la Fiscalía a El Periódico del Pueblo, en dicho expediente se estarían valorando los delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
Los ahora sospechosos fueron trasladados al Segundo Circuito Judicial de San José, donde se les tomará la declaración indagatoria y, posterior a esto,
la Fiscalía solicitaría una audiencia ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública para conocer la situación jurídica de los implicados.
ALLANAMIENTOS
A primeras horas del lunes, los agentes del OIJ tomaron edificios municipales, viviendas de los alcaldes y empresas para iniciar con la recolección de indicios que serán agregados a los casos.
“Involucra el ingreso a otros domicilios de distintas municipalidades que dentro del proceso de investigación resultan de interés y son necesarios de registrar a efectos de establecer o descartar que exista un factor de prueba importante para el caso”, indicó Walter Espinoza, director judicial.
Según Espinoza, las empresas investigadas se dedicarían en apariencia al procesamiento o mezcla de asfalto las cuales estaban ubicadas en sectores de La Uruca, Guápiles, Aguas Zarcas y Río Claro.
“Esta actividad lo que pretende es desentrañar y esclarecer hechos de corrupción que vinculan a funcionarios municipales, a gobiernos locales y funcionarios públicos vinculados con acciones relacionadas con obra pública. En este tipo de actividad se vincularon con MECO y con personal de esta empresa para efectos de favorecerlos en temas de licitaciones, en el pago adelantado de facturas, en el inicio anticipado de obras públicas y en la realización en una serie de actividades que según ha establecido el Ministerio Fiscal son eventualmente constitutivas de delito”, pormenorizó.
En apariencia, los aparentes actos irregulares facilitarían que las licitaciones de la empresa presuntamente están una serie de ventajas como la sospechosa otorgación de dádivas y sobornos para los funcionarios públicos involucrados.
Los presuntos hechos ilícitos son estudiados desde el año 2019 tras la solicitud de la Fiscalía ante el OIJ y no estaría relacionado con el caso Cochinilla.
IMPACTO MUNICIPAL
Por su parte, Glen Calvo, funcionario de la Fiscalía Adjunta de Anticorrupción, dijo que las indagaciones se vinieron dando ante el impacto que los aparentes ilícitos estaría teniendo sobre los municipios.
“Esta organización o esta estructura que hemos venido investigando se ha dedicado hacer actos de corrupción en el sector de infraestructura vial cantonal, ya sea conformado por alcaldes, funcionarios municipales y personas particulares, quienes a cambio de algo o promesa de retribución han intervenido para ganar beneficios, principalmente para la empresa MECO, dentro de procesos y temas de presupuestos”, precisó.
Durante las diligencias en los puntos allanados se logró recolectar información que ahora analizarán los judiciales.
“Se dio el decomiso de información física y digital que nos permita encaminarnos hacia el estudio de diferentes licitaciones de infraestructura vial cantonal ejecutadas por estas municipalidades, así como un tipo de información presupuestaria o facturación recibida”, acotó.
¿CÓMO OPERABAN?
Según lo explicado por las autoridades, desde MECO mantenían los controles de las operaciones, para ello, presuntamente, estaban en comunicación con el personal de las municipalidades con el fin de poder participar en las licitaciones.
“Los empleados de MECO ejercían los controles necesarios sobre las licitaciones de los funcionarios municipales, dialogaban con los alcaldes o funcionarios de las municipalidades con el fin de poder influir directamente tanto como para la adquisición de las licitaciones como de trabajos de contratación rápida, así como para la realización de facturas y pagos”, afirmaron.
Asimismo, dentro de las dádivas figurarían aparentes beneficios en las licitaciones, como la supuesta entrega de dinero.
“Las pagas han sido entregadas de manera homogénea, generalmente se daban desde algún tipo de dinero o favor, construcciones en viviendas, favores específicos dentro del sitio donde se está realizando la licitación. La estructura criminal funcionaba como un enlace entre la empresa, los alcaldes y los funcionarios que recibían ventajas de diferentes tipos, como construcciones en sus viviendas, dinero en efectivo, vehículos e incluso favores de otra índole dentro de la comunidad en la que viven”, señalaron.
Las investigaciones que mantiene el OIJ y la Fiscalía mencionan que Gutiérrez aparentemente sería el encargado de generar los contactos, no solo con los alcaldes, sino que al parecer con los dirigentes municipales también.
“Hay un funcionario de MECO quien era el que hacía los contactos con las municipalidades, era el eje central de acción, quien los contrataba y ejercía pues la acción comercial de la empresa ilegal hacia las municipalidades”, acotaron.
EN SUS CASAS
La vivienda del alcalde josefino, el señor Johnny Araya, fue tomada por los agentes judiciales. En el sitio se efectuó la aparente revisión de equipos tecnológicos que ahora serán analizados por el OIJ.
Araya se mantuvo por cuatro horas en su casa con los agentes del OIJ, para luego salir al parecer esposado y bajo custodia.
“Fue trasladado detenido y se va hacer una gestión de medidas cautelares, cuales no las conocemos en este momento, entonces esto podría entorpecer cualquier situación que se vaya a dar en el trascurso de la tarde. Él está tranquilo, los hechos que se investigan acá no están relacionados con la otra alcaldía, lo de don Johnny es algo que se investiga en la Municipalidad de San José”, indicó Alfonso Ruiz, abogado defensor de Araya.
De acuerdo con Ruiz, a su cliente se le investiga por temas propios del municipio que dirige y no por otros temas.
“En algunos de los casos de los alcaldes aparece la relación con la empresa MECO, pero no en el caso de don Johnny. Él va a enfrentar el proceso de manera transparente, don Johnny accedió a su computadora, dio sus claves de acceso de todos los dispositivos, entregó todo lo que se le pidió y entregó evidencia informática, llaves mayas y teléfonos”, acotó.
Por su parte, Federico Campos, otro de los abogados del alcalde, manifestó que de momento se centrarían en el análisis del expediente, para realizar lo que soliciten las autoridades.
“Vamos a revisar con él lo que sería el expediente para planear la declaración y las explicaciones que va a dar. Si hay intervenciones telefónicas, son varios delitos, pero no podemos dar detalle de eso, de lo que se está investigando”, recalcó.
A la salida de Araya de su vivienda para ser llevado a los Tribunales en Goicoechea, Campos dijo que lo sucedido podría verse ligado al periodo electoral que se aproxima, hecho que presentían.
“Él es inocente, ya revisamos el parte de los hechos, los que tuvimos acceso a la orden de allanamiento, es inocente, no nos sorprende que en época electoral se vengan este tipo de diligencias contra alcaldes y gente relacionadas con la política, y ya sabíamos de antemano que algo iba a suceder”, concluyó.