Reformismo electoral

Si la democracia depende de un “mísero detalle”, según la irónica lógica orteguiana, ese “detalle” merece la atención de todo demócrata que se precie de tal.

Buena parte de los vicios de nuestra institucionalidad nacen y se reproducen ahí. Y no morirán a menos que se les dé término desde el poder político, ese que hoy ha sido legitimado a partir de un severo mandato de cambio.

El PAC, el FA, e incluso el nuevo PUSC, fuerzas políticas progresistas de renovada cimiente, se encuentran ante un reto histórico: profundizar nuestra democracia anquilosada y dar con un sistema electoral regresivo.

No se trata de reimprimir todo el Código Electoral de un solo plumazo legislativo, pero sí de trastocar sus basamentos atacando algunos sin sentidos que hoy contiene la normativa electoral.

Empoderar la jurisdicción electoral trasladándole el conocimiento de las Acciones de Inconstitucionalidad en la materia, que por ello -y otras razones que no caben acá-, debería ver ampliada su conformación hasta cinco miembros titulares, es decir: permanentes.

Desligar las candidaturas de los partidos políticos. Primero a nivel local y en un futuro también nacional. De tal manera que si un líder nato, o mediático, en cualquier caso reconocido por la ciudadanía, decide postularse, no tenga que desgastar su liderazgo pasando por los compromisos partidarios.

Este esfuerzo democratizador no tendría mucho sentido si, a la vez, no se desbloquean las listas para elegir diputados, de tal suerte que el ciudadano pueda ordenar preferentemente su voto sin votar al peor como externalidad negativa de votar al mejor.

Reformas urgentes. Pero si tratamos de priorizar, lo inaplazable para las fuerzas políticas que a partir de este último proceso electoral irrumpieron erigiéndose sobre las ruinas del bipartidismo, tocaría: primero, democratizar las reglas del financiamiento político y, segundo, democratizar el espacio en los medios de comunicación colectiva que explotan radioespectro.

Así como suena: democratizar. Esa es la llave de torque del reformismo electoral. Con todas sus letras, sin ambages ni contenciones de ninguna especie. Recordando, eso sí, que se trata de “míseros detalles” sobre los que se asienta toda la edificación democrática que posibilita la coexistencia civil pacífica que tanto preocupaba a Spinoza. De ahí su importancia y de ahí su urgencia.

Anclar el financiamiento político a una expectativa de derecho, es grotesco. Lo peor de los dos sistemas. De esa forma, lo único que se logra es un efecto perverso. Se privatiza por partida doble el estipendio estatal, envileciéndolo. Primero, al obligar a los partidos a acudir a los bancos y otros tenedores de capital, para que les adelanten la plata que el Estado repondrá después, ya sin ningún sentido más que el de asegurar que el condicionamiento impertinente derivado de ese previo financiamiento privado, le salga gratis a esos “inversores”.

Segundo, porque además de esos “comensales”, aparece otro participante en la mesa definitoria de la deuda política: las encuestadoras. Estas determinan, inicialmente, quién es apto democráticamente y quién no. Sin los estadísticos, los banqueros no sueltan ni una risa.

Entonces resulta –y ojo el fondo del barrial en que nos encontramos-, que solo tienen opciones reales los candidatos que las compañías privadas –¡sí, privadas!-, “fotografían” primero y financian después. Siendo lo más grave no solo que la democracia eleccionaria se rija por el principio rentista, digno para lo privado pero indigno para lo público, sino que todo ello discurra sin control real por parte del TSE, que no fiscaliza seriamente el despliegue de las encuestadoras ni puede hacer mucho para objetivar a las financieras. Simple y llanamente, porque no le toca.

Así, no está muy claro si el sector privado (encuestadoras y banca) es el que invade lo público-electoral, o es más bien a la inversa y la propia legislación electoral ha colocado a los partidos políticos en pose de mendigo.

Finalmente, la recuperación de un espacio televisivo y radial que siga la lógica de los mínimos suficientes en materia de propaganda electoral, es urgentísimo. No atiende a ningún interés público que los costarricenses gastemos una ofensiva caterva de miles millones de colones en usar el radioespectro que nos pertenece a todos –por ser un bien demanial- y no a unos cuantos –que se oponen férreamente a ello-, siendo que como recurso público, debiera cumplir una función democratizadora para todos y no solo enriquecedora para algunos.

Distribuir en paridad -entre todos los contendores oficializados- el espacio mínimo pero suficiente, tanto en televisión como en radio, equivale a modernizar la lógica política de nuestras campañas y oxigenar una democracia electorera que, con la victoria sólida de Luis Guillermo Solís en abril pasado, cuenta con un tanque de oxígeno que alcanza para emprender esa necesaria reforma electoral progresiva, pero jamás, óigase bien, jamás, para seguirla aplazando.

Los primeros dos años de este nuevo mandato legislativo serán vitales, a la vez que los segundos dos años serán, como demuestra la historia, inviables.

*Abogado y exletrado del TSE.