Con o sin Fondo Monetario Internacional (FMI), Costa Rica no puede renunciar a reformas estructurales de reducción del gasto público, esa es la única vía para que no estemos hablando de lo mismo dentro de muy pocos meses.
Así reaccionaron los industriales de alimentos ante el anuncio de un acuerdo con el organismo por parte del Gobierno. Según Maurizio Musmanni, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), no se puede olvidar que las necesidades nacionales van mucho más allá de los $1.750 millones que el organismo puede aportar.
“Si no se aprueba una reforma real en materia de empleo público, si no se realiza una reforma que elimine toda la estructura duplicada e innecesaria del Estado, si no se revisan temas de fondo como las transferencias corrientes a instancias que no tienen rendición de cuentas ni análisis de rentabilidad social, como lo es el FEES (Fondo Especial para la Educación Superior), si no se revisa a profundidad el modelo de pensiones cargado al presupuesto nacional, sencillamente, además de terminar más endeudados, terminaremos con los mismos problemas, pero más grandes en un futuro cercano”, externó.
Los industriales de alimentos manifestaron su preocupación puesto que no saben de experiencias de países que hayan salido de sus crisis económicas planteando más o nuevos impuestos. “Nos parece que esa es una ruta equivocada”, acotó Musmanni.
SEÑALES SIN MEDIDAS CONCRETAS
Para las cámaras empresariales, es claro que estarán vigilantes de que se cumpla con los acuerdos en el gasto público.
Fabio Masís, director ejecutivo de la Unión de Cámaras de la Empresa Privada (Uccaep), señaló que estarán detrás de que cada compromiso alcanzado sea balanceado y transparente y en apego a los acuerdos adquiridos por el Gobierno en el proceso de diálogo.
“Medidas como reducción del gasto público, apego a la regla fiscal y reducción de las transferencias son compromisos que van en la vía correcta y que incluso a partir de ahora deben ser la norma y no la excepción”, advirtió.
En su opinión, el Gobierno está en la obligación de poner la casa en orden, y el gasto corriente primario se debe contener. “La reducción de 3,45 puntos porcentuales del PIB es prioridad y así alcanzar un superávit primario a partir del 2023”, acotó.
Asimismo, desde el sector empresarial consideran de la mayor urgencia conocer las medidas estructurales que ha anunciado el Ejecutivo y que en aras de la transparencia deben informarse.
Por otra parte, Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio, mencionó que, aun cuando es una buena noticia, la Administración da señales, pero no dice las medidas concretas.
“Se tienen que enfocar en reforma estructural del Estado, empleo público y recorte al gasto. Eso es clave para salir adelante en el largo plazo y se necesita también apoyar proyectos de Ley para reactivar la economía, siempre bajo la premisa de no más impuestos”, agregó.