Desde noviembre pasado, como parte de las audiencias conferidas al Tribunal Supremo de Elecciones en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el financiamiento partidario, la Presidencia del TSE insistió sobre el norte que debería tener una nueva reforma electoral en la materia.
Más transparencia. Según lo sostenía el magistrado Luis Antonio Sobrado en aquella oportunidad, no deben darse pasos atrás en los logros alcanzados con la reforma integral efectuada en el 2009. Todo lo contrario, debe evitarse el retorno al reino de la opacidad y la impunidad.
En coherencia con ese claro y contundente mensaje, la propuesta de reforma que recientemente presentara el TSE a la Asamblea Legislativa se centra en cuatro puntos claves: financiamiento oportuno, abaratamiento de la campaña, mayor equidad y más transparencia.
Reformas. Grosso modo, se destacan a continuación las principales reformas propuestas: 1) eliminación de los certificados de cesión (también llamados de deuda política); 2) aumento del porcentaje que, a modo de financiamiento anticipado, reciben los partidos en las elecciones nacionales y que, de aprobarse la reforma, se extendería a las municipales; 3) incentivar fiscalmente las donaciones pequeñas, siguiendo el paradigma deseable ya planteado en el ambiente político de muchas donaciones pequeñas y pocas donaciones grandes; 4) establecimiento de franjas electorales en radio y televisión; 5) transporte gratuito para los electores el día de las elecciones y a cargo del concesionario; 6) eliminar la obligación de los partidos de publicar en un diario de circulación nacional sus estados auditados y listas de contribuyentes, sustituyéndola con la obligación de presentarlos al TSE para su publicación en el sitio web del Tribunal; y, 7) ampliar las atribuciones del fiscal partidario para propiciar un rol preventivo en el manejo de las finanzas.
Muerte a los bonos de deuda política. Las propuestas de reforma del TSE no se agotan en sí mismas y bien pueden complementarse con otras medidas que diferentes agrupaciones políticas ya han planteado en la propia arena legislativa. Ahora bien, la eliminación de los bonos de deuda política se presenta como urgente y necesaria; no en vano esta figura ha sido calificada en numerosas ocasiones como “perversa” y cual “cáncer que debe cortarse de cuajo”, para utilizar las mismas palabras del presidente del TSE ante la Comisión Legislativa.
Según se ha insistido, los bonos de deuda política representan un portillo abierto a donaciones ilegales, sea de personas extranjeras o incluso de dineros de origen ilegal. Adicionalmente, mucho se ha razonado sobre su efecto perjudicial respecto de la equidad de la contienda, por cuanto favorece solo a los partidos bien posicionados en las encuestas. Bajo esta lógica, los bonos valen lo que las encuestas dicen que valen. La afrenta entonces lo es por partida doble a la transparencia y a la equidad en la participación política.
La suspensión de los certificados de cesión partidaria decretada por la Sala Constitucional es un severo golpe a las finanzas partidarias y obliga repensar medidas alternas a estos. Justamente, el TSE visualiza el conjunto de las reformas antes descritas como una fórmula para reequilibrar esas finanzas, sin que, por ello, se aumente el monto global de la contribución estatal ni se acreciente la dependencia económica de los partidos en relación con grandes contribuyentes.
Fortalecer confianza. Echar atrás en la depuración del modelo de liquidación y fiscalización de las finanzas partidarias representaría un golpe a la transparencia y al Estado de Derecho. Es mediante auténtica transparencia que debe entonces fortalecerse el vínculo entre partidos políticos y ciudadanía. Es ese parte del camino a recorrer para recuperar y sostener la confianza en la política. Lo contrario, acompañado de impunidad ante eventuales trasgresiones, es el peor mensaje que puede enviarse a la ciudadanía.
*Asesor de la Gestión Política, TSE