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El régimen actual de pensiones del Poder Judicial es insostenible. Sin reforma, las pensiones de los funcionarios judiciales se cargarían al Presupuesto Nacional donde toda la población las pagaríamos.
Con la propuesta de la Corte Suprema de Justicia y de los gremios, el fondo de pensiones podría tener un déficit de hasta 8 billones de colones en el peor de los casos, según el estudio actuarial del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica.
El costo creciente de las pensiones del Poder Judicial ha sido significativo, en 2015 fue de ¢34.915 millones, en 2016 fue de ¢36.082 millones y en 2017 será de ¢37.234 millones.
Según los primeros cuatro productos del informe actuarial a cargo del IICE, productos certeros para definir la reforma y solicitados por la Corte, de no efectuarse las reformas requeridas para cubrir los beneficios de las pensiones judiciales se requeriría duplicar el aporte que hoy hacen los funcionarios, la Corte y el Estado al Régimen de Pensiones del Poder Judicial; pasándolo de un 26,6% a un 48,94% y suponiendo que la cotización de los pensionados suba al máximo reglamentario del 15%.
El estudio advierte también que bajará la cantidad de personas que cotizan por cada jubilado: en el 2015 había 5,54 cotizantes por 1 jubilado, en el 2040 habrá 2,77 cotizantes por 1 jubilado y en el 2065 habrá 1,34 cotizantes por 1 jubilado.
Las personas trabajadoras del Poder Judicial deben conocer del peligro que corren sus futuras pensiones. Ante la urgencia de una reforma administrativa, en la Asamblea Legislativa analizamos el proyecto de Reformas al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (Expediente N° 19.922) en la comisión especial dictaminadora.
La reforma administrativa que plantea la Supen viene a salvar las pensiones de las personas trabajadoras del Poder Judicial, pues si no hacemos cambios pasará una de dos cosas: los trabajadores van a tener que dar la mitad de su salario para tener una pensión, o vamos a tener que cargar sus pensiones al Presupuesto Nacional donde todos y todas las costarricenses pagaremos sus pensiones.
Según la UCR, a hoy el pago en pensiones equivale al 27% de los salarios de funcionarios activos en la Corte, pero para el 2060 la relación sería incluso superior, pues se pagaría más en pensiones que en salarios activos.
Privilegios de unos pocos. Si bien los empleados de la Corte cotizan más que los afiliados al IVM e incluso este es el régimen donde el Estado más contribuye, los aportes no son suficientes para satisfacer los beneficios jubilatorios que se reciben. Los empleados judiciales cotizan un 11%, más un 14,35% que aporta el patrono (la Corte) y un 1,24% más que aporta el Estado, para un total de 26,60% sobre el salario.
Las reformas a los fondos de jubilaciones y pensiones deben acabar con los privilegios de este y otros regímenes. En la Corte las pensiones tienen beneficios únicos como otorgar la pensión con el cálculo del promedio de los últimos 24 mejores salarios, cuando la CCSS, en cambio, otorga el promedio de los últimos 240 sueldos. Además, el sistema les permite a los funcionarios judiciales pensionarse con solo 30 años de labor o con 55 años de edad.
En este régimen no hay un tope para las pensiones, debido a que los mismos magistrados del Poder Judicial lo declararon inconstitucional, por lo que hay jubilados que reciben más de ¢9 millones mensuales. En el IVM, en cambio, el tope es de ¢1,5 millones, a menos de que la persona siga trabajando después de cumplir la edad, con lo que podría alcanzar un máximo de ¢2,5 millones.
Según los gremios de la Corte, en el Poder Judicial hay 40 personas cuyas pensiones o jubilaciones están entre los ¢5 y los ¢9,5 millones, mientras que casi 2.000 pensionados tienen pensiones que van de los ¢175.000 a los ¢1,5 millones. Este no es un régimen justo de pensiones.
Los funcionarios judiciales no deben sentirse amenazados por la reforma administrativa, pues su finalidad es acabar con los beneficios actuales que tienen unos pocos, beneficios que fueron creados durante malas administraciones en el pasado y que están llevando a la quiebra al sistema de pensiones de todos.
Algunos diputados y diputadas han dado su apoyo a un texto que es insuficiente para salvar el sistema, pero este apoyo no es más que una acción populista en vísperas del año electoral. Insisto en que la Asamblea Legislativa debe trabajar en una reforma que garantice la sostenibilidad y solidaridad del fondo y no en una reforma que simpatice ahora con los gremios para que más tarde los deje sin su pensión.
*Diputada PAC