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El sector solidarista mandó al gobierno a cobrar a los evasores, antes de hablar de una reforma fiscal.
Con estudios en mano comprobaron cómo la Contraloría, por años, ha detectado múltiples falencias en la recaudación.
Según sus cálculos, Hacienda tendría un superávit de 13,8% del Producto Interno Bruto (PIB), en lugar de un déficit del 6%, si hiciera bien su trabajo. Aseguran que el proyecto para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas generaría un golpe de ¢3 mil millones al año sobre los excedentes.
Esto al final se traduce en menos aportes para becas, ayudas a distintos sectores en caso de emergencia, créditos y posibilidades de ahorro.
Reiteraron que las asociaciones realizan un aporte importante a la economía social y que no son entidades de intermediación financiera.
Solo en el caso de la Asociación Solidarista de Empleados de la Caja (Aseccss), se estima que se dejarían de dar unos ¢1.300 millones al año en diferentes ayudas.
Es por eso que enviaron una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado, para que saque a los solidaristas del expediente 20.580.
El mayor cambio de pasar la reforma es que pagarían un impuesto del 8% sobre excedentes en lugar de un 5%.
“Es un golpe a la clase trabajadora pública y privada. Somos organizaciones sociales, las que nos vamos a ver perjudicadas. Demandemos ante el gobierno y la Asamblea Legislativa, la justicia y la equidad. Que se respete lo establecido en la Constitución Política. La Ley más bien manda al Estado a fortalecer al sector solidarista, no a debilitarlo”, señaló Parris Quesada, vicepresidente de la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (Fecasep).
El mayor temor es que algunas de las organizaciones tengan que cerrar sus puertas, ante la imposición de nuevas cargas fiscales.
“Si ya pagamos impuestos en nuestro salario ¿por qué van a gravar el ahorro que con dificultades logramos tener? Va a ser más viable guardar el dinero bajo el colchón y eso puede significar salidas de asociaciones, que están aportando sus ahorros y con ello dar ayudas solidarias. A la vez no permitiría el crecimiento personal, social y familiar de nuestros asociados”, sentenció Annette Hoffmaister, presidenta de Aseccss.
Entretanto, Giovanni Castillo, presidente de Fecasep, señaló que no están en contra del cobro de impuestos, sino de que se trate de imponer nuevas cargas a la clase trabajadora, algo que calificó de “nefasto”, pues a su criterio Hacienda fracasó en su intento de mejorar la recaudación.