Cuando arrancaba esta Administración, y a raíz de unas declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, hace dos años y dos meses, en julio de 2022, dije a la prensa que apoyaba la tesis de poner orden en el sector público y realizar una necesaria y profunda reforma del Estado.
Esta semana, para mi sorpresa, con otras intenciones y hasta con fotografías, esas declaraciones circulan profusa y ampliamente en las redes sociales. No me molesta. Sigo opinando lo mismo: hay que poner orden en el sector público y es necesario realizar una reforma del Estado costarricense. Me explico:
En el Gobierno de Luis Alberto Monge (1982-86), y dentro de la ley, todo se podía hacer. En la Casa Presidencial se mandaba de verdad y se ejercía el “poder político”. Se convocó a las Juntas Directivas de los bancos estatales y se les ordenó ampliar considerablemente el plazo de las deudas, bajar los intereses y resolver los problemas de las empresas privadas que estaban quebradas o a punto de quebrar, por las enormes y heredadas variaciones negativas en el tipo de cambio, por la ausencia de divisas en el Banco Central.
Y cuando la Compañía Bananera decidió retirarse de la Zona Sur con un preaviso de tres meses, por Decreto Ejecutivo se creó Unesur y las tierras se traspasó a los trabajadores agrícolas en forma de cooperativas de producción, la CCSS asumió plenamente los servicios hospitalarios y las oficinas y casas entregadas al Gobierno se destinaron a otros fines públicos, sentando las bases de la Zona Libre de Golfito.
Por el contrario, para el segundo Gobierno de Oscar Arias, 20 años después, la institucionalidad y las trabas legales y controles sobre el Poder Ejecutivo se habían complicado a tal punto que el Director General del Ministerio de Seguridad Pública debía permanentemente encontrar con el Auditor Interno soluciones legales y burocráticas para ejecutar, eficiente y racionalmente, el presupuesto asignado por la Asamblea Legislativa, sin incurrir en el delito de peculado y otras figuras tipificadas en el Código Penal. Algo tan simple y necesario como modificar el destino de una pequeña subpartida presupuestaria era una total complicación burocrática y legal. Casi una misión imposible para no terminar él y el ministro, posteriormente, acusados y a las órdenes de los Tribunales de Justicia, y así en todo el sector público.
Sí… lo reitero y enfatizo: hay que poner orden y hacer una reforma del Estado costarricense. Lo que critico es que esa no haya sido la gran prioridad en estos dos años y tres meses, y que la Ley Jaguar sea un mamarracho inconstitucional, porque el país merece una Ciudad Gobierno y una marina en Limón sería vital para el desarrollo sostenible del Atlántico Costarricense. ¿O no es así?
¿Y usted qué opina?
*Exministro de Seguridad Pública