La reforma de ley que firmó recientemente el presidente Rodrigo Chaves, en la cual se modifica el cumplimiento de la pena para la obtención del beneficio de libertad condicional, ha generado una serie de reacciones encontradas.
Así, con esta nueva medida los reclusos podrán solicitar una revisión de su caso para la libertad condicional hasta que hayan cumplido dos terceras partes de su pena y no la mitad como estaba estipulado anteriormente.
Rafael García Cordero, presidente de la Organización No Gubernamental (ONG) Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, declaró que una reforma así es difícil de considerar porque no existiría una oportunidad de reinserción para las personas privadas de libertad.
“La nueva ley que salió aumentando dos tercios a la media pena, viene a mantener más tiempo en prisión a un privado de libertad. Si un privado fue condenado por homicidio calificado a 25 años de prisión, a los 12 años y 6 meses le tocaría la libertad condicional, es decir, la media pena, pero con la nueva ley le va a tocar salir dos tercios después, aproximadamente a los 20 años.
Es decir, más tiempo en prisión que de nada va a servir porque en el Sistema Penitenciario Costarricense, en la Ley Orgánica de Adaptación Social y los estatutos del Ministerio de Justicia, no existen desde hace más de 40 años programas de rehabilitación ni de reinserción social”, indicó.
La normativa se establece para personas que descuenten sentencias por delitos como homicidio simple, homicidio calificado, violación, trata de personas, robo simple con violencia, robo agravado, secuestro extorsivo, genocidio, tráfico ilícito de órganos, tejidos humanos, extracción ilícita, tejidos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
“Primero hay que tomar en cuenta que la iniciativa de ley no se aplica a todos los casos, sino que se hace una lista reducida de tipos penales muy lesivos para el país, en donde el acceso al beneficio carcelario está más adelante en la sentencia”, comentó Rodrigo Campos Cordero, director de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Campos también explicó cómo se procede en el caso de beneficios carcelarios. “Estos se obtienen por méritos y solo las personas que cumplan con ciertas condiciones durante su privación de libertad pueden acceder a esos beneficios, tras un análisis minucioso por parte de las autoridades.
Finalmente, la inserción de una persona que haya sido privada de libertad no está en función del tiempo que pase en prisión, sino que depende principalmente de dos cosas: las oportunidades que el Estado le ofrezca para realizar actividades de desarrollo personal y la voluntad de la persona para someterse a los programas que se le ofrezcan”, recalcó.
El experto detalló que apenas una parte muy reducida de las personas privadas de libertad logran una adecuada reinserción social. “El sistema penitenciario tiene muchas oportunidades de mejora en los programas de reinserción que tiene en funcionamiento.
Solo una pequeña porción de las personas privadas de libertad logra volver a la sociedad de una manera productiva. El apoyo tanto del núcleo familiar como de la comunidad en la que residen es muy importante para que una persona sentenciada logre mantenerse lejos de los problemas cuando sale de la cárcel y, de momento, no hay políticas públicas que ataquen esa problemática”, aseveró.
Por otra parte, Gustavo Mata, exministro de Seguridad, indicó que la medida es un gran avance para lograr un firme combate contra el crimen organizado.
“Me parece excelente este tipo de medidas, la corriente criminal está embarrialando la cancha. La reinserción social no es problema de la sociedad, de ese tema se encarga el Ministerio de Justicia con sus programas, asesores y psicólogos.
Yo felicito la actitud valiente de la diputada Gloria Navas, el fiscal general, Carlo Díaz, y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, por establecer parámetros en este momento histórico y atacar de forma radical el tema de inseguridad”, puntualizó.
DIARIO EXTRA realizó la consulta al jerarca del Ministerio de Justicia, Gerald Campos, acerca de su posición sobre la reforma, no obstante, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Rodrigo Campos Cordero
Director de Ciencias Criminológicas, UNED
“Solo una pequeña porción de las personas privadas de libertad logra volver a la sociedad de una manera productiva”.
Gustavo Mata
Exministro de Seguridad
“Me parece excelente este tipo de medidas, la corriente criminal está embarrialando la cancha. La reinserción social no es problema de la sociedad, de ese tema se encarga el Ministerio de Justicia con sus programas, asesores y psicólogos”.
Rafael García Cordero
Presidente ONG Ayudando a los Privados de Libertad
“Más tiempo en prisión que de nada va a servir porque en el Sistema Penitenciario Costarricense, en la Ley Orgánica de Adaptación Social y los estatutos del Ministerio de Justicia, no existen desde hace más de 40 años programas de rehabilitación ni de reinserción social”, indicó.