Desde hace años este humilde fraile ha insistido en la necesidad que existe en nuestro país de establecer un sistema de sanción política para los funcionarios públicos que actúan en contra de los intereses de la Nación. Pugnamos, en su momento, por establecer un régimen parlamentario que le permitiera a los costarricenses, mediante un voto de censura, castigar, con la destitución ipso facto, al gobernante que, con sus actuaciones en contra de los intereses de la mayoría, entrara en colisión con la gran masa ciudadana.
Consideramos que la madurez del costarricense es suficiente como para tener en sus manos una herramienta que sancione a los funcionarios públicos que con sus actuaciones pongan en peligro la paz social de la Nación, proponiendo políticas que riñan con los intereses de las grandes mayorías y favorezcan a minorías privilegiadas con negocios de dudosa legalidad.
La urgencia de buscar un mecanismo de sanción popular que logre la remoción rápida de un presidente de la República o de un ministro de Estado que promueva negocios con empresas privadas de dudosa legalidad y conveniencia para las mayorías.
Desde el primer gobierno de Arias, a raíz de la implementación de la visión neoliberal en la práctica política del país, se inició la venta de la Nación a empresarios nacionales y extranjeros, mediante negociaciones con el capital ruinosos para el país. Se estableció, a contrapelo de los deseos de las grandes mayorías ciudadanas, la venta de prácticamente todas las instituciones estatales más rentables, al capital privado.
Se eliminó el Consejo Nacional de Producción y las Juntas de Crédito Agrícolas, dejando en el más profundo desamparo a los productores del agro nacional y favoreciendo a los ricos importadores de granos.
Se eliminó el ferrocarril para favorecer a un grupo reducido de transportistas de carga pesada. Se establecieron políticas de debilitamiento de instituciones tan importantes para la paz social del país como la banca nacionalizada, la CCSS, el INS, buscando al final su desaparición, lo que no se ha logrado a plenitud por la gran resistencia popular, para concluir, en los tiempos modernos, con la concesión de obra pública al capital nacional y extranjero.
Así, se cedió a la empresa nacional y extranjera , el aeropuerto Juan Santamaría y se negoció el monopolio de la revisión vehicular con RTV, buscando establecer, como única vía para el desarrollo nacional, el sistema de concesión de obra pública a la empresa privada, como es el caso de las carreteras a Caldera y a San Ramón, dejando al MOPT como el convidado de piedra en el festín privatizador. Como entremés, mientras tanto, se construía la carretera fronteriza en el norte del país, proyecto nauseabundo, fétido, que emana un fuerte olor a “ chorizo”, con el que la clase política y sus amigos han hecho clavos de oro, robándole a la Nación.
Este gobierno, con una actitud autista asombrosa, ha puesto oídos sordos al clamor popular que adversa la figura de la concesión de obras cuya construcción debe ser privativa del propio Estado por medio del MOPT. Esta claudicación del Estado en funciones del resorte de sus propios organismos, es intolerable e inaceptable. No existe argumento alguno para conseguir por esa vía el desarrollo del país, excepto el de engrosar los bolsillos del capital nacional y extranjero.
En esto, el pueblo ha sido claro y firme, no más concesiones. No más venta del país. No más claudicación del Estado.
La posición de la Presidenta y de los ministros del MOPT, de la Presidencia y de Comunicación con respecto a este problema, ha sido de un olímpico desprecio por las manifestaciones populares en contra de este negociazo. En una muestra monumental de prepotencia y de estulticie, ridiculizaron las enormes muestras ciudadanas de repudio a la concesión de la carretera a San Ramón.
El prestigio de este gobierno está por el suelo. Las muestras que da de su incondicionalidad y contubernio con el capital le impide tener una visión real de la situación, dando la sensación de que los compromisos adquiridos por esta clase política con estos filibusteros de nuevo acuño, son de tal envergadura que no están en posición de disolverlos o rechazarlos.
Por tanto, el pueblo no puede esperar que esta clase política podrida e irrecuperable, vaya a revertir sus pasos y acoger el clamor popular.
Por ello, es imperativo, urgente, para salud de la patria y en resguardo de los más altos intereses nacionales, la defenestración de todos los funcionarios mencionados, mediante la implementación de un REFERÉNDUM REVOCATORIO que nos permita destituir a la presidente y los ministros que están contra de los intereses de la Nación.
Buscar una reforma constitucional que implemente un régimen parlamentario que nos permita, mediante un voto de censura a nivel de una cámara de diputados, la destitución de los funcionarios mencionados llevaría mucho tiempo y discusión. Es más rápida una consulta popular negociada urgentemente a nivel legislativo, que le permita al pueblo de Costa Rica, mediante la figura de un REFERÉNDUM, REVOCAR los nombramientos de los funcionarios públicos cuyas políticas de estado colisionan, como en este caso, con los intereses de las mayorías ciudadanas.
Esto haría que nuestro país se convirtiera en una verdadera democracia participativa, en donde el poder realmente descansaría en los ciudadanos, dando un paso de calidad en cuanto al respeto por parte de los gobernantes, de los intereses mayoritarios. ESTO SÍ ES DEMOCRACIA.