Costa Rica ha logrado un hito fiscal al reducir la relación deuda-PIB por debajo del 60%, marcando un avance significativo en la estabilidad económica del país.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer para consolidar una política fiscal responsable y evitar medidas que puedan comprometer los ingresos del Estado.
El Ministerio de Hacienda ha desempeñado un papel clave en esta reducción, con estrategias de gestión de pasivos
y una mayor disciplina en el gasto público.
Según datos oficiales, la deuda pública cerró en un 59,8% del PIB en diciembre de 2024, una disminución de 1,4 puntos porcentuales respecto al 61,1% registrado en 2023.
Además, se logró una reserva de liquidez cercana al 1% del PIB y se experimentó una baja en el costo del financiamiento de la deuda interna, factores que refuerzan la confianza en la economía nacional.
No obstante, este avance debe reafirmarse con decisiones responsables desde la Asamblea Legislativa.
En lugar de erosionar los ingresos tributarios con iniciativas populistas, como la reducción del IVA en los vuelos a Centroamérica, los diputados deberían enfocarse en fortalecer la sostenibilidad fiscal.
Incluso el mismo Ministerio advierte que si los legisladores de la República se mantienen en la línea de reducción de los ingresos, Costa Rica podría afrontar una crisis fiscal en los próximos dos o tres años.
También tenemos otro tipo de problemas como la evasión y elusión fiscal a todo nivel económico que golpea la salud financiera nacional.
Estas propuestas pueden generar huecos en la Hacienda Pública que comprometan la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones.
Mantener la deuda pública por debajo del 60% del PIB es clave para permitir una flexibilización de la regla fiscal, lo que abriría espacio para inversiones estratégicas en educación, seguridad y programas sociales.
Si el Estado no cuenta con ingresos suficientes para atender estas áreas prioritarias, la calidad de vida de los costarricenses se verá afectada.
Además, la estabilidad de las finanzas públicas es un factor determinante para la confianza de los mercados internacionales.
Prueba de ello es que el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) de Costa Rica se situó en 198 puntos base, una señal de solidez en comparación con el EMBI Latam (461 puntos base) y el EMBI Global (297 puntos base).
Este buen desempeño no debe verse comprometido por decisiones políticas que pongan en riesgo la credibilidad fiscal de la nación.
El esfuerzo realizado en 2024 para aminorar el peso de la deuda en la economía debe mantenerse y profundizarse.
El crecimiento del PIB nominal en un 4,4% y la disminución en las tasas de interés para títulos de deuda interna muestran que es posible continuar en esta senda sin recurrir a medidas que debiliten los ingresos públicos.
La reducción de la deuda pública debe ser un compromiso de todos los sectores, incluida la Asamblea Legislativa.
Aplaudimos la gestión que ha desarrollado el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, porque demuestra que las autoridades han hecho su parte, pero corresponde a los legisladores y otros actores políticos tomar decisiones que refuercen esta estabilidad y eviten retrocesos.
La consolidación fiscal no es solo una meta numérica, sino una garantía para la estabilidad económica y social del país.
