La Cámara de Agricultura y Agroindustria advirtió al gobierno que bajar los aranceles al arroz del modo en que lo está haciendo tiene vicios de constitucionalidad.
Así consta en una carta, de la cual este medio tiene copia y se envió a los ministros de Agricultura, Laura Bonilla; de Economía, Francisco Gamboa; así como de Comercio Exterior, Manuel Tovar.
Del oficio P065-2022 se desprende que los aranceles son tributos y por ello están cobijados bajo el principio de reserva de ley. Citan el artículo 121 de la Constitución Política.
Además, señalan los efectos de los artículos 16, 160, 136 y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, pues en criterio de la organización la propuesta carece de estudios técnicos, jurídicos, así como económicos idóneos que sustenten, soporten y justifiquen la medida, la cual aseguran traería un fuerte impacto sobre la actividad arrocera que opera en las zonas productivas de mayor pobreza del país.
NO JUSTIFICA EL INTERÉS PÚBLICO
“Advertimos además roces con el principio de razonabilidad jurídica por cuanto no se justifica la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida. Como bien lo ha entendido la Sala Constitucional, el principio de razonabilidad extiende y proyecta la protección del principio de legalidad, por cuanto toda intervención del Estado que lesione los derechos del ciudadano no sólo requiere de una base legal”, indica la nota firmada por Rigoberto Vega, presidente de la Cámara de Agricultura y Agroindustria.
Adujo que la injerencia del Estado en la esfera privada es constitucional hasta tanto sea indispensable para una razonable protección de los intereses públicos, lo cual debe demostrarse fehacientemente y no sólo decirse.
“En nuestra opinión, desde la perspectiva de la razonabilidad jurídica, no queda demostrada la idoneidad, necesidad ni proporcionalidad de la medida sometida a consulta pública”, destacó.
VAN A DESAPARECER LA PRODUCCIÓN NACIONAL
La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria sentenció que se opone a una canasta básica importada, que bajo su percepción arruinaría a miles de agricultores, desaparecería miles de empleos y únicamente beneficiaría a importadores e intermediarios.
“Está más que demostrado que la seguridad alimentaria resulta fundamental para todos los países y ésta se debe construir sobre la base de una robusta base de producción nacional que, dicho sea de paso, genera miles de empleos y produce encadenamientos agro productivos, sobre todo en zonas rurales. Por lo que desaparecer nuestra producción nacional y depender de los vaivenes y fluctuaciones de los mercados internacionales en materia alimenticia no lo creemos el mejor camino y menos en estos momentos donde se avecina una crisis”, advirtieron.