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Alegatos por vulneraciones a derechos fundamentales, tratos degradantes y restricciones excesivas forman parte de los recursos de amparo presentados contra el Ministerio de Justicia y Paz.
La Sala Constitucional analiza la admisión de cuatro acciones legales, según confirmaron autoridades judiciales a Diario Extra.
Las quejas surgieron tras la implementación de nuevas disposiciones dirigidas a los internos del área de contención extrema denominada “máxima seguridad” en el CAI La Reforma. Las medidas fueron establecidas mediante la directriz DVJ-009-04-2025.
Entre los cambios figuran la disminución de visitas generales y conyugales, limitaciones en el ingreso de alimentos y una reducción en el tiempo y frecuencia de llamadas desde teléfonos públicos. Además, el Ministerio ordenó el traslado de personas privadas de libertad desde otros centros del país hacia ese sector de seguridad reforzada.
“La normativa atenta contra derechos esenciales como la convivencia familiar, las visitas íntimas y el vínculo entre padres e hijos menores”, denunció uno de los accionantes.
Otro solicitante afirmó que el traslado de internos a módulos de confinamiento severo ha generado “una crisis humanitaria en las prisiones”. En un tercer caso, un recluso aseguró que su cambio de un régimen semiabierto a uno estricto frustró sus planes de formación académica y laboral. Pese a las manifestaciones de familiares y la huelga de hambre que sostienen algunos reclusos en distintos penales, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, afirmó que las medidas continuarán vigentes.
Persisten las protestas
Un grupo de allegados a los reclusos realizó una nueva manifestación pacífica este 1.º de mayo, durante la conmemoración del Día del Trabajador, para exigir respeto a los derechos de las personas privadas de libertad.
Esta acción se suma a dos movilizaciones anteriores frente a La Reforma, donde varias mujeres denunciaron la restricción de visitas íntimas y la prohibición del ingreso de menores de edad.
“Estas disposiciones carecen de un fundamento técnico que garantice una mayor seguridad en el sistema penitenciario”, señaló Maureen Esquivel, integrante de la agrupación Familia Penitenciaria Unida.